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Los comités de empresa de Renfe y Adif han acordado convocar huelga en todo el territorio nacional el 24 y 30 de noviembre --fecha prevista para la puesta en servicio de la Variante de Pajares tras su inauguración oficial el día 29--, así como los días 1, 4 y 5 de diciembre.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones, Raquel Sánchez, - que ha sido sustituida por Óscar Puente- se mostraba convencida tras la convocatoria de que la huelga "no afectará a la llegada de la alta velocidad a Asturias", cuya inauguración está prevista para el 29 de noviembre. El primer servicio comercial tendrá lugar el día 30 de noviembre, día en el que está prevista una de las jornadas de huelga. "Aseguraremos unos servicios mínimos, en cualquier caso, y por lo tanto podremos poner en servicio esa alta velocidad, la llegada de la alta velocidad a Asturias como anunciamos en su día", declaraba la ya exministra.
En relación con la huelga, la exministra explicaba que desde el Ministerio de Transportes están hablando con los sindicatos "desde el primer día" tras hacerse público el acuerdo con Esquerra Republicana. "Me puse en contacto personalmente con los sindicatos y estamos trasladando que en cualquier caso los derechos de los trabajadores van a estar garantizados, sus condiciones, sus derechos adquiridos, también la movilidad laboral y por lo tanto estamos hablando con ellos para intentar desconvocar esas movilizaciones", ha declarado.
Los comités de empresa de Renfe y Adif han aclarado que la huelga de cinco jornadas en ambas empresas no se ha convocado contra el traspaso de los servicios a Cataluña, sino contra la posible segregación de Renfe y Adif en distintas empresas más pequeñas.
A los sindicatos, quien gestione el servicio no es lo que les preocupa, sino que "se dé un bocado" a dos de las mayores empresas públicas del país y acaben por segregarse y afectando a las garantías laborales de todos sus trabajadores.
Una de las soluciones que satisfaría a los representantes de los trabajadores es la creación de una nueva empresa dependiente de la Generalitat pero que encargara a Adif y Renfe la prestación de esos servicios, según han explicado a Europa Press en fuentes sindicales.
De esta forma, los trabajadores seguirían perteneciendo a estas dos empresas públicas y con las mismas condiciones actuales, al mismo tiempo que la Generalitat tendría total potestad para gestionar el servicio, los trenes y las vías que pasarían a ser de su competencia.
Los sindicatos han detallado que el número de trabajadores que podría verse afectado es de 2.300 personas en Renfe y de 1.500 en Adif, en función de la envergadura del posible traspaso de competencias.
Lo que preocupa a sindicatos y trabajadores sobre este acuerdo es, precisamente, aquello que atañe a las condiciones laborales de los 3.800 empleados de Renfe y Adif en Cataluña. "Nos preocupa cuál va a ser el futuro de las personas trabajadoras afectadas por ese eventual traspaso y especialmente cuáles van a ser las condiciones. Hablamos de empresas públicas con una calidad de empleo importante", señalaba Rafael García, de CC OO, en una entrevista en RTVE. "Nos ha sorprendido la rapidez con la que se ha tomado la decisión y que a los comités generales de empresa no se les ha informado previamente", ha añadido. Por su parte, el Govern catalán han asegurado que se garantizarán las condiciones laborales de todos los trabajadores y que, en efecto, se hará un convenio de colaboración entre Generalitat y Renfe para facilitar la movilidad laboral.
Los comités generales de empresa de Renfe, constituido por Semaf, UGT, CC.OO., CGT y SF, y de Adif, en este caso conformado por CC.OO, UGT, CGT, SCF Y SF, han explicado que la convocatoria de huelga responde también a lo que llaman una "privatización encubierta" de Renfe Mercancías