Su intención era "sacarlo de la campaña electoral", pero el efecto fue precisamente el contrario. Las declaraciones del director general de la DGT asegurando este jueves que en 2024 se pagará por el uso de las autovías en nuestro país devolvió el foco de atención a esta delicada cuestión. "El año que viene, por imposición de Bruselas, tendremos que poner peajes", decía Pere Navarro en una entrevista en TV3.

Horas más tarde Tráfico lamentaba "profundamente la confusión" de las declaraciones de su director y rectificaba diciendo que el organismo no disponía de "ningún tipo de información directa ni competencias para poder pronunciarse" sobre el asunto. El Partido Popular utilizaba "el arrebato de sinceridad" de Navarro para volver a acusar al Gobierno de mentir. El viernes dos ministras, la de Transportes y la de Hacienda, negaban "categóricamente" que se fueran a implantar peajes en 2024.

El de pagar o no por el uso de las carreteras es un tema estrella que genera mucha polémica. Justo en el debate del pasado lunes el líder del PP preguntó a Pedro Sánchez si su Ejecutivo había decidido cobrar un peaje en todas las autovías de España a partir de 2024. "¿Usted va a pasar las autovías gratuitas a de peaje?", interpelaba Alberto Núñez Feijóo. "¿Pero qué dice señor Feijóo?", respondía el líder socialista.

Hace justo tres años, cuando el Gobierno presentó su Plan de Recuperación para acceder a los 70.000 millones de euros de ayudas de fondos europeos, ya se habló de los peajes. De las 1.500 páginas de documento se destacó muy rápidamente en los medios y la opinión pública la propuesta de "desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad".

¿Por qué? El pacto para recibir los fondos UE era atender a las recomendaciones específicas que la Comisión Europea venía haciendo a nuestro país en los últimos años. Ahí estaba la sostenibilidad de las pensiones, la reducción de la temporalidad, el desarrollo de impuestos verdes... y también el déficit en el mantenimiento de las carreteras. Se calcula que este agujero ronda los 8.000-10.000 millones de euros.

"Con una red estatal que supera los 26.466 kilómetros de extensión, de los que unos 12.000 son de carreteras de alta capacidad, lo que hace que tengamos la más extensa de Europa, los costes de conservación son crecientes y no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios", señalaba el Plan de Recuperación remitido a Bruselas en el año 2021. El mantenimiento por cada kilómetro de autovía supone un gasto de 80.000 euros al año, según cálculos del sector.

Como el pago no era de un día para otro, el Gobierno planteó que había tiempo para un debate sosegado y un análisis para alcanzar un acuerdo consensuado. En octubre de 2021, ya con una nueva ministra de Transportes, el Gobierno español se comprometió a presentar un plan para introducir los peajes a partir de 2024. Se hablaba de una tarifa "justa, rigurosa y sostenible".

Se encargó un estudio para estudiar cuál podría ser el mejor sistema. Una viñeta --pago fijo-- o un peaje -- pago por kilómetro recorrido-- y a qué tipo de vehículos aplicaría y a qué red de carreteras. De nuevo, todos los documentos apuntan al 2024 como el año a partir del cual "podrían" implantarse estas medidas.

Pero a los pocos meses de encargar este estudio llegó la invasión de Ucrania y la subida de los precios se convirtió en un nuevo obstáculo económico con el que lidiar. El tema de los peajes no volvió a salir. No estaba claro si se seguía o no adelante con los planes iniciales o la guerra había trastocado los tiempos.

Para poder realmente implantarse en 2024 habría que optar por un diseño de solución y contratar los servicios para la implantación del nuevo sistema de cobro. Nada de esto está decidido a día de hoy. Desde el Ejecutivo se insiste en que no será el año que viene, pero no explican cómo van a cumplir con este compromiso adquirido con la UE ni cuándo.

"La Comisión da mucho margen para que los gobiernos vean de qué manera lo resuelven. Bruselas nos dirá: tenéis un problema, haced propuestas. Hay que tener calma porque hay margen para poder elegir cómo hacer esto", contestaba Ernest Urtasun, portavoz de Sumar en la Sexta.

El Ejecutivo que salga de las próximas elecciones tendrá que tomar una decisión al respecto. La gran mayoría de Europa ya ha recorrido ese camino y cobra por circular en sus carreteras.