Es la plantilla más envejecida de todo el país. Casi uno de cada tres trabajadores del sector público tiene más de 55 años. Es decir, el 30% de los asalariados en alguna administración pública se jubilará en la próxima década. Hablamos de un millón de personas. El Gobierno aprobó este martes una oferta de empleo público histórica: casi 40.000 plazas. De ellas la mitad irá a cubrir bajas del sistema, un tercio a promoción interna y el 20% restante a nuevas plazas.

"Practicamos una política coherente con nuestro objetivo del fortalecimiento del estado de bienestar y la calidad en la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos", defendía la ministra de Hacienda, María Jesús Montero este martes. A nadie se le escapaba que el anuncio coincidía a dos semanas de las elecciones generales, pero en años anteriores la concreción de la oferta de plazas se ha realizado entre mayo y julio. Es el tercer año consecutivo que el Gobierno convoca una oferta pública por encima de las 30.000 plazas.

La realidad en muchos servicios públicos es que el acceso de los ciudadanos se ha complicado. Oficinas con sobrecarga de trabajo no son capaces de atender a las personas en tiempo y forma. "Queremos aumentar el número de personas que atiende a la ciudadanía y les permita que tengan sus derechos satisfechos cuando lo necesitan y no tres o cuatro meses más tarde", explicaba Montero.

El sector público tiene un doble reto: prepararse para la ola de jubilaciones que está por llegar y reducir su temporalidad. En la última década la plantilla ha envejecido mucho y el 30% de los trabajadores tiene más de 55 años.

Este peso de trabajadores mayores en el sector público duplica al del sector privado, donde también ha aumentado pero de forma más contenida hasta el 16% del total.

También se duplican las cifras de temporalidad en lo público. Después de la reforma laboral ha caído mucho esta precariedad en las empresas mientras ha subido en el sector público hasta el 31%. Parte de la convocatoria de plazas de funcionarios va destinada a convertir a los interinos en personal fijo. Y para ello hace falta convocar las ofertas públicas de empleo con sus plazos, requisitos, etc.

Este proceso lleva su tiempo y se quiere tratar de agilizar en la convocatoria de 2023 con la obligación de que todas las plazas queden convocadas antes de que finalice el año. Después se establece un máximo de veinticuatro meses para resolver las oposiciones.

Los años de recortes por la crisis financiera de gobiernos anteriores impusieron la política de tasa de reposición cero entre 2012 y 2015. Funcionario que se marchaba, funcionario que no se sustituía. Esta política generó una caída del número de trabajadores públicos del 8%.

Este año los presupuestos incluían una tasa de reposición ordinaria del 110% (es decir, se cubren todas las jubilaciones y se suma un empleado más), del 120% para sectores prioritarios y del 125% para los cuerpos de seguridad del Estado.

El recorte aplicado al sector público en los años posteriores a la crisis inmobiliaria y financiera fue especialmente acusado en las oficinas de la Seguridad Social, uno de los organismos públicos con más atasco en estos momentos.

La Seguridad Social no se ha recuperado todavía de los recortes del pasado. De hecho cuenta con la mitad de plantilla respecto a hace quince años.

Ahora sumará 3.225 efectivos, una cifra récord que se suma a la oferta de 2.115 plazas del año 2022. De las nuevas incorporaciones, cerca de mil personas corresponden al programa de gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Una prestación que desde su creación se ha cubierto con personal interino, recuerdan en el ministerio. "De esta forma, aquellas personas que llevaban tres años gestionando la prestación continuarán realizando esta labor tan especializada".

Con esta oferta, "continuará reforzándose la atención presencial en las oficinas, que ya ha crecido un 32% en los cinco primeros meses del año", destacaba el ministerio de José Luis Escrivá. En los últimos meses ha recibido muchas críticas de la oposición y de los usuarios precisamente por la imposibilidad de conseguir cita previa en las oficinas. Unas quejas que el propio Defensor del Pueblo hizo llegar al ministerio.

Si uno compara con el año 2008, antes de que comenzará la gran recesión, el número total de trabajadores del sector público ha aumentado en cerca de 600.000, un 20%. El grueso de este incremento se concentra en la administración autonómica --que es a su vez la que más trabajadores público emplea-- y que presta servicios esenciales como educación, sanidad y servicios sociales.

Para poder establecer una comparación más justa, también hay que pensar que la población ha aumentado en los últimos quince años: ahora somos 2,4 millones más de personas viviendo en España.

Otra forma de analizarlo es comparar la evolución del sector público con el privado. Y en ese análisis tampoco se observa un gran crecimiento. El empleo en las empresas también ha crecido un 20% respecto a los niveles de 2008. Es cierto que durante la pandemia y después el empleo público creció mucho más.

Ahora hay 3,5 millones de funcionarios frente a casi 17 millones de asalariados en el sector privado. Los empleados públicos suponen el 17% del total de los trabajadores, el mismo porcentaje de hace justo diez años.