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La dimisión de la consejera delegada de Thames Water, fue solo la punta del iceberg. Thames Water es el principal proveedor de agua y de tratamiento de aguas residuales del Reino Unido con 15 millones de clientes en todo el sur de Inglaterra, donde tiene el monopolio. Sarah Bentley, dimitía la semana pasada por sorpresa después de que la compañía tuviera un nuevo escape de aguas residuales y alegando que los últimos desastres meteorológicos en país habían dejado a la compañía en una posición delicada. La capitana del barco saltaba en medio de la tormenta con una deuda de 14.000 millones de libras (16.300 millones de euros) desde que fue nacionalizada por Margaret Thatcher en 1989 y unos dividendos para sus accionistas de 7.200 millones de libras (8.400 millones de euros) mientras la factura del agua de los ciudadanos se multiplicaba y sin haber invertido apenas en infraestructuras.
Bentley fue contratada en 2020 como directora ejecutiva con un sueldo con bonos de 2 millones de libras (2,3 millones de euros) anuales y con una prima de contratación de 3,1 millones de libras (3,6 millones de euros). La compañía está ahora en la bancarrota y tanto el Gobierno como el regulador del agua británico (Ofwat, en inglés) están estudiando un plan para nacionalizar la compañía y evitar de este modo el colapso del sector del agua, que también está en bancarrota, por un efecto dominó.
El sector del agua en el país tiene la peculiaridad de que está diseñado en forma de monopolio de tal forma que cada compañía se encarga de una región sin que tenga competencia y los clientes, que son los ciudadanos, no pueden más que aceptar sus precios. Hay diecisiete compañías de agua que se reparten el territorio. Los únicos que pueden intervenir en el sector son el regulador, que limita los precios, y el Gobierno para establecer el marco legal y proponer leyes para dar obligaciones y responsabilidades a la compañías e imponer multas y penas en caso de que no las cumplan.
El presidente del regulador británico, David Black, en una intervención en la cámara alta del Parlamento para evaluar la dramática situación del sector, culpó directamente a los laboristas, y más concretamente al Nuevo Laborismo de Tony Blair y Gordon Brown (1997-2000) por haber permitido que las deudas no solo de Thames Water sino de todas la compañías del sector se convirtieran en montañas que no se podían escalar.
Thames Water fue privatizada por el gobierno de Thatcher en 1989. La empresa fue adquirida, sin deuda, por el gigante alemán de servicios públicos RWE en 2001 y vendida al banco australiano Macquarie en 2006. Macquarie fue acusado de cargar a la empresa con miles de millones de deuda antes de vender su última participación en 2017. Los propietarios de la compañía ahora incluyen el plan de jubilación de las universidades, con una participación del 20%, un fondo de pensión canadiense, con el 31%, e Infinity Investments, una subsidiaria de la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi, también con una importante participación no revelada.
En general, el 70% de los propietarios de las compañías de agua británicas son extranjeros y han invertido en las compañías sin asumir responsabilidades de inversión en infraestructuras. “Creo que deberíamos haber intervenido en 2006 el sector para evitar que las empresas acumularan deuda]”, dijo David Black en su discurso en la cámara alta. “En ese momento, realmente no teníamos el poder para evitar que eso sucediera”. Y acusó directamente al Gobierno laborista de la época por su “enfoque de no intervención”. Cree que el organismo de control debería haber intervenido en 2006 para evitar que el entonces propietario de la empresa de agua, el grupo de inversión australiano Macquarie, se endeudara demasiado. Pero dijo que estaba paralizado por la falta de poderes.
“'Creo que en ese momento, si volviéramos a principios de la década de 2000, los reguladores de todos los sectores adoptaron un enfoque relativamente de no intervención para los préstamos -añadió-. Sucedió también en el sector de la energía y en el transporte”. Y concluyó que debían revisarse y cambiar “las estructuras de financiación heredadas”.
Black ponía el dedo en la llaga. La pregunta que se hace todo el mundo en el país es cómo se ha permitido que una compañía que ofrece un servicio tan básico a los ciudadanos, una compañía que tiene el monopolio regional ha podido llegar a esta situación. Los laboristas no marcaron los límites a los inversores en los trece años en el poder y tampoco lo han hecho los conservadores en sus trece años en Downing Street.
Para hacer una radiografía rápida del sector, desde que se privatizó a finales de los ochenta y principios de los noventa, Se estima que la industria del agua en total ha pagado dividendos por valor de 72.000 millones de libras (84.000 millones de euros) a los accionistas (la mayoría extranjeros), a la vez que acumulaban una deuda de 53.000 millones de libras (61.800 millones de euros). O sea, se han priorizado los retornos a los accionistas que la inversión en infraestructura y el servicio a los ciudadanos.
Desde su privatización del sector se han incrementado las facturas agua en un 40%, pero la inversión de las empresas ha disminuido en un 15% y todo este dinero ha ido a parar a los accionistas, a los inversores. Apenas se ha invertido en el tratamiento de las aguas residuales y se ha incrementado la contaminación a los ríos de forma deliberada hasta el punto que en estos momentos solo el 14% de los ríos británicos son sanos ecológicamente.
En informe quinquenal de 2021 sobre polución y contaminación, la Agencia Medioambiental británica de 2021 era demoledor. Denunciaba que nueve compañías de agua, incluida Thames Water, habían realizado la peor actuación desde que había registros. Y pidió que se incrementaran las sanciones económicas para las compañías contaminantes y que se impusieran penas de cárcel para los directores que permitieran estas prácticas contaminantes deliberadas.
“La calidad del agua no mejorará hasta que las compañías de agua controlen su desempeño operativo -denunció Emma Howard Boyd, presidenta de la Agencia de Medio Ambiente, en 2021, tras el informe-. Durante años la gente ha visto a ejecutivos e inversores generosamente recompensados mientras que el medio ambiente pagaba el precio”.
Y siguió diciendo: “Los directores de las compañías permitieron que esto sucediera. Nosotros proponemos hacer que sea demasiado doloroso para ellos continuar así. La cuantía de la multa que se puede imponer a una empresa por delitos medioambientales es ilimitada, pero las multas impuestas actualmente por los tribunales a menudo están por debajo de los sueldos de los ejecutivos. Necesitamos que los tribunales impongan multas mucho más altas. Los inversores ya no deberían ver los monopolios de agua de Inglaterra como una apuesta sin riesgo”.
La reacción del gobierno fue también contundente. “Este informe muestra que las empresas de agua están ignorando sus responsabilidades legales. Los jefes de las compañías de agua no pueden continuar obteniendo grandes ganancias mientras contaminan nuestras aguas”, dijo un portavoz del ministerio Medio Ambiente.
La agencia medioambiental británica estima que la veintena de compañías de agua británicas deberán invertir 50.000 millones de libras (58.300 millones de euros) de ahora al 2050 para reducir los desbordamientos de aguas residuales a un nivel aceptable. Las compañías han pedido al regulador poder subir la factura del agua a los ciudadanos entre un 25% y un 40% (dependiendo de la empresa) para el ejercicio 2025-2030 para poder hacer frente a esta inversión en infraestructura y a los retos del cambio climático.
El regulador está discutiendo con el Gobierno esta subida de precios, un inconveniente más para el Gobierno de Sunak ya que el anuncio debería hacerse el año próximo antes de las elecciones previstas para diciembre. Sería otro golpe más a los ciudadanos, que podrían ver como la factura del agua les sube entre 450 y 680 libras (entre 525 y 795 euros) anuales, además de tener que sufragar la deuda de 16.300 millones de Thames Water si es nacionalizada como ya sucedió con los bancos en 2008. Y todo esto se sumaría a la de los tipos de interés y las hipotecas, a la de la cesta de la compra y los productos básicos y del gas y la electricidad, estrangulando todavía más a los ciudadanos.