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El debate sobre prolongación de la vida útil de las centrales nucleares vuelve a la actualidad en plena precampaña electoral. Lo hace de la mano del líder del Partido Popular que ya ha anunciado que revertir el calendario de "desmantelamiento" será una de las estrategias energéticas de su gobierno en caso de llegar a la Moncloa.
Alberto Núñez Feijóo aseguró en la presentación de su plan económico que no se puede “desenchufar” las centrales, sin que las renovables puedan cubrir el 21% de generación que actualmente depende de la nuclear. El planteamiento ha conseguido unir a los dos partidos del Ejecutivo que han salido en tromba a criticarlo.
Lo hizo tanto la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tachando la idea de "tóxica", "fracasada" y "no rentable", hasta la responsable de Transición Ecológica, que calificaba el anuncio de “slogan y pancarta”. No solo eso, Teresa Ribera defendía el plan de inversiones en renovables y acusaba al líder de los populares de repetir “exactamente el mismo guion” del expresidente Rajoy con la central de Garoña. "Se empeñó en que reabriría y lo que se encontró, es que los propietarios de la central dijeron que no les compensaba, que no tenía ningún sentido y que no la iban a abrir".
Y es que tras la discusión sobre la prolongación del funcionamiento de los siete reactores que funcionan actualmente en España, y que producen una quinta parte de la electricidad, se sitúa la cuestión de la rentabilidad. Tanto por los costes operativos a los que tienen que hacer frente actualmente los dueños de las instalaciones, que lastran, dicen, sus beneficios; como por las inversiones adicionales que implicaría mantenerlas abiertas más allá del plazo pactado.
“¿Quién va a pagar eso: los ciudadanos o el Estado?”, se cuestionaba el presidente del Gobierno en una entrevista en la Cadena Ser este lunes valorando la propuesta de Feijóo de alargar la vida útil de los reactores. “En el largo plazo, el coste de la producción de electricidad por energía nuclear es mucho más caro que el de las renovables. Tendrán que explicar quién va a pagar", apuntaba Pedro Sánchez.
El cierre de las centrales nucleares, acordado por unanimidad en 2019 entre las compañías propietarias de las instalaciones y Enresa (la empresa pública responsable de la gestión de los residuos radioactivos), está previsto que se realice de forma progresiva entre 2027 y 2035.
Los primeros cuatro reactores que dejarán de funcionar, los más antiguos, son los de Almaraz I y II, Ascó I y Cofrentes, en línea con lo recogido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que anuncia un cierre “ordenado, escalonado y del parque nuclear”.
El fin del funcionamiento de estos reactores se llevará a cabo hasta 2030 y supondrá un descenso de la potencia instalada de las centrales nucleares superior a los 4 gigavatios (de los 7,4 existentes en la actualidad). Esta disminución será compensada -señala el documento- con la importante penetración de las renovables y las centrales de gas de ciclo combinado que servirán de respaldo para llevar a cabo la transición en el mix energético.
El cierre de los otros cuatro reactores, los de Asco II, Vandellós II y Trillo, está previsto que se produzca entre 2031 y 2035.
La actualización del PNIEC, que acaba de ser aprobada por el Gobierno y cuyos detalles se conocerán este mismo miércoles, no incluirá, previsiblemente, ninguna variación en la estrategia relativa a la energía atómica ni en los plazos previstos para su fin.
Un cambio de timón en esta materia, que pusiera el objetivo en ampliar la vida útil de las centrales más allá de los 40 años (algo que en algunos casos ya se contempla porque de lo contrario todos los cierres se habrían completado antes del fin de esta década) obligaría a las empresas a llevar a cabo importantes inversiones tanto en materia de seguridad como de reposición de equipos, mantenimiento, y puesta a puesto de los mismos.
Un informe elaborado por PWC en 2018 apuntaba a que los operadores de las centrales nucleares deberían realizar inversiones mínimas de entre 3.200 y 3.500 millones de euros para extender la vida del parque nuclear hasta el entorno de los 50 años de vida.
Pero el cierre, desmantelamiento y la gestión de los residuos de las centrales nucleares tendrá un coste igualmente elevado. El Ministerio de Transición Ecológica calcula que ascenderá a los 26.500 millones hasta el año 2100, según se recoge en el séptimo plan de residuos radioactivos.
La crisis energética causada el pasado año por el impacto de la guerra en Ucrania, que llevó los precios de la electricidad a niveles desconocidos hasta entonces, hizo que algunas voces se cuestionaran en diferentes países europeos la posibilidad de dar un nuevo impulso a la nuclear. Y los resultados de esos planteamientos fueron muy diferentes. En Francia, el gobierno de Macron, planteó la construcción de 14 nuevos reactores, mientras que Alemania optó por acelerar el cierre de sus últimas centrales nucleares.
En España, aunque el responsable de Enresa aseguraba en una comparecencia parlamentaria el pasado otoño que ninguna eléctrica había transmitido, ni directa ni indirectamente, su voluntad de cambiar el protocolo de calendario de cierre de las centrales, lo cierto es que algunos actores del sector se han mostrado en los últimos meses abiertos a hablar de la posibilidad de replantearse los plazos.
El consejero delegado de Endesa, José Bogas, señalaba el pasado febrero que consideraba que sería necesario prolongar la nuclear porque no se iban a cumplir algunos de los objetivos marcados en el Plan Nacional de Energía. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por su parte, aseguraba hace menos de un mes, que de modificarse el plan de cierre escalonado habría que estudiar cómo sería su retribución, ya que no se puede seguir arrastrando pérdidas con esa tecnología.
Sin embargo, ninguna de las dos eléctricas, que junto con Naturgy son las principales propietarias de las centrales nucleares, han entrado ahora a valorar la propuesta de revertir los cierres, que ha puesto sobre la mesa el responsable del PP.
Tampoco ha querido hacerlo el Foro Nuclear, la asociación que integra a empresas y organizaciones del sector. La asociación ya explicó, el pasado abril, tras la presentación de los resultados de 2022 que, si el Gobierno reconsiderase el calendario de cierre pactado, la industria analizaría las condiciones que se propusiesen, siendo esencial que se garantizase la viabilidad del parque nuclear español durante todo el tiempo que esté operativo.