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¿Ayudas directas a los hipotecados para pagar sus créditos o medidas para que las cuotas sean más asumibles a pesar de la subida del euríbor? Esas dos alternativas son las que enfrentan a los socialistas y a Sumar, en plena precampaña electoral, con los tipos hipotecarios en niveles que no se veían desde finales de 2008 y con la vivienda, de nuevo, entre las principales preocupaciones de los españoles, según los datos del último barómetro el CIS.
La primera opción, la de entregar una especie de “bono de emergencia”, es una de las propuestas en materia económica que ha ido avanzando en las últimas semanas Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de la nueva formación de la izquierda. Su planteamiento pasa por entregar una ayuda de 1.000 euros para hipotecados en problemas porque, ha asegurado, el Código de Buenas Prácticas pactado con la banca “no funciona”.
La impulsora de esas ayudas, que entraron en vigor a comienzos de año e incluyen diferentes opciones para mitigar la subida de las cuotas de las hipotecas, la vicepresidenta Nadia Calviño, no ha tardado en rechazar públicamente la propuesta de utilizar dinero público para ayudar al pago de los préstamos.
“Nosotros lo que queremos es que las medidas de alivio y de apoyo a la economía y a los ciudadanos las paguen los bancos. Hay que huir de todas aquellas medidas que vuelvan justamente a dar dinero a los bancos", explicaba este lunes en RNE, haciendo referencia al rescate al sector financiero que se produjo tras la crisis financiera y que costó más de 50.000 millones de euros a las arcas públicas.
El desencuentro entre los todavía socios de Gobierno por las ayudas a los hipotecados continuaba luego en las redes sociales. En su cuenta de Twitter, el secretario de Estado de Derechos Sociales y portavoz económico de Sumar, Nacho Álvarez, negaba el análisis de Calviño y defendía su propuesta. “Ayudar a los hogares con la subida de sus hipotecas y financiarlo reforzando el impuesto a la banca es una redistribución de rentas a favor de las familias", señalaba, e insistía en que el bono de 1.000 euros “es más eficaz que el Código de Buenas Prácticas”.
La utilidad de esas medidas que aprobó el Ejecutivo y que fueron asumidas por la banca para aliviar a los afectados por la fuerte subida del euríbor será evaluada el próximo jueves. Nadia Calviño se reunirá con las patronales del sector financiero y con las asociaciones de consumidores para analizar si están dando respuesta a los problemas de los hipotecados y si es necesario introducir alguna modificación.
Las iniciativas que se pusieron en marcha estaban destinadas a familias con ingresos por debajo de los 25.000 euros, que dedicaran un importe elevado (del entorno del 50%) al pago de la hipoteca y a que hubieran sufrido una subida de las cuotas. Entre las medidas destacaba la posibilidad de pedir un periodo de carencia en el que solo se paguen intereses, la opción de alargar el plazo de amortización de los préstamos o la congelación las cuotas durante un año.
Lo que ya está claro es que el número de beneficiados está lejísimos del que había previsto el Gobierno cuando anunció las ayudas que se incluyen en ese Código, que es una ampliación del que se había aprobado en 2012. Del millón de hogares que podrían aprovecharlas, según la vicepresidenta primera, apenas 9.000 las habían solicitado entre enero y marzo.
Este jueves se actualizará ese número de peticiones, pero las entidades bancarias ya adelantan que no se ha producido un gran aumento en estos últimos meses.
Solo CaixaBank ofrece una cifra orientativa de las solicitudes, del entorno de las 7.000; mientras que BBVA señala que se trata de un número reducido y Santander reconoce que no se han registrado grandes incrementos respecto a los datos del primer trimestre. También el Banco Sabadell asegura que ni se ha producido una avalancha de peticiones ni un número sustancial de operaciones realizadas. La propia Díaz, al presentar su bono para los hipotecados en apuros señaló que solo se habrían registrado 10.000 solicitudes para acogerse al código pactado con la banca.
Días antes de que se produzca la reunión con la banca y las asociaciones de consumidores, la ministra Calviño ya ha señalado que espera un informe del Banco de España para determinar si las entidades están denegando solicitudes o si son los propios ciudadanos los que han optado por no acudir a estos recursos.
En este sentido, la responsable económica del Gobierno considera que es la buena marcha del empleo y la economía la que mantiene contenidas las peticiones de ayudas a pesar de la subida del euríbor, que ya roza el 4% y que ha encarecido en más de 3.000 euros anuales el coste de una hipoteca media. “Tenemos 1.300.000 personas con empleo más que antes de la pandemia. Y los salarios también se están recuperando. Eso es lo que explica que las familias estén en una situación mejor que el escenario que nosotros nos habíamos planteado el otoño pasado".
Sin embargo, desde la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) hacen un diagnóstico muy diferente del bajo número de solicitudes. “Es cierto que hay un componente cultural muy importante por el que mientras se tenga trabajo y se gane dinero, la hipoteca es sagrada, pero hay otros motivos que lo explican. Por un lado, no todas las entidades están informando por igual de estas medidas y no hay un conocimiento tan amplio de las posibilidades que ofrecen. Tampoco todas ellas están poniendo las mismas facilidades para aceptar las solicitudes, no estamos hablando de un mecanismo que sea rápido ni automático”, apunta Antonio Gallardo, responsable de estudios de la Asociación.
Habría, señala, una tercera razón que motivaría las escasas peticiones y es que la subida de los tipos no habría afectado de forma importante aun a todos aquellos que cuentan con una hipoteca variable firmada en los últimos años (que son las que más estarían afectadas por los incrementos).
“El círculo vicioso de las subidas de las hipotecas aun no se ha completado. Los consumidores que revisaron en junio del pasado año tuvieron una subida mínima, pero los incrementos se aceleraron durante el verano, con lo que en agosto y septiembre muchas familias verán como las subidas les empezarán a afectar de forma grave”, explica.
Y aunque reconoce que no se puede concluir que las medidas no estén funcionando porque las cifras señalan que no se está produciendo un repunte de la morosidad, no descarta que el número total de beneficiarios por las ayudas acabe incrementándose si los tipos se mantienen altos durante un tiempo y se acaba el colchón de ahorros que las familias están utilizando para pagar los préstamos.
En ese caso, estima, los hipotecados acogidos al Código de Buenas Prácticas podrían llegar a alcanzar los 50.000. La cifra sería 20 veces inferior a la prevista por el Gobierno.