El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una serie de ayudas destinadas a apoyar a los ciudadanos afectados por la crisis energética y la subida de precios. Algunas de estas medidas son de nueva creación como los tres permisos por cuidado de familiares e hijos o una desgravación del 15 % en el IRPF por la compra de un vehículo eléctrico; otras son prórrogas como la rebaja del IVA de los alimentos básicos y las ayudas al transporte público; y, finalmente, se confirma el fin de las ayudas al alquiler.

"Hoy hemos aprobado un séptimo paquete de medidas aplicables a la segunda parte del año para seguir respondiendo con eficacia al impacto de la guerra en Ucrania", ha anunciado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En total, este paquete de medidas moviliza 3.800 millones de euros adicionales, aunque el impacto total --teniendo en cuenta las ayudas totales, con las rebajas de impuestos y bonificaciones--, es de 8.900 millones de euros en la segunda parte del año.

"En total, los siete paquetes aprobados movilizan más de 47.000 millones de euros en respuesta al impacto de la guerra", ha puesto en valor la vicepresidenta primera.

Uno de los permisos aprobado por el Ejecutivo consiste en cinco días al año, retribuidos, para utilizar en caso de accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que necesite reposo, tanto de un familiar de hasta segundo grado, como de un conviviente.

El segundo es un permiso "por causa de fuerza mayor", que se distribuirá por horas y podrá alcanzar en total hasta 4 días al año. También estará retribuido y busca permitir a padres y madres ausentarse del trabajo cuando haya motivos familiares urgentes.

Además, se ha aprobado un permiso parental de 8 semanas, que podrá disfrutarse de forma continua o discontinua, a tiempo completo o parcial, hasta que el menor cumpla 8 años.

Fuentes del departamento que dirige Ione Belarra han explicado que se ha decidido aprobar estas medidas a través de un decreto, a petición del Ministerio, ya que forman parte de la trasposición de una directiva europea sobre este tema que tiene un plazo para ser aprobada.

Y, aprovechando esta coyuntura, el decreto incluye otra propuesta del equipo de Belarra, que también se incluía en la Ley de Familias, por el que las parejas de hecho tienen derecho a los 15 días de permiso por registro, igual que los matrimonios.

Otra de las ayudas aprobadas hoy es una nueva deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 15% tanto para la compra de un vehículo eléctrico como para la instalación de sistemas de recarga, con un máximo de deducción de 20.000 euros.

El anuncio fue realizado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha sido confirmado por Calviño durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. La titular de Asuntos Económicos ha destacado que se trata de "consolidar las inversiones en marcha en España" para la modernización de la industria automovilística dentro del conocido como Perte VEC, con el fin de situar al país a la "vanguardia del despliegue en Europa del vehículo eléctrico y conectado y agilizar el despliegue del vehículo eléctrico".

Asimismo, Calviño ha destacado que con esta medida se pretende "resolver la lentitud de algunas comunidades autónomas en la ejecución del Programa de Incentivos móviles".

Por otro lado, ha señalado que en el ámbito del Impuesto de Sociedades se introduce un incentivo fiscal destinado a promover las instalaciones de recarga, tanto de uso privado como las accesibles al público.

En el Real Decreto Ley también se simplifica la tramitación administrativa de la instalación de infraestructuras de recarga de hasta 3 megavatios (MW) elevando el límite desde los 250 kilovatios que estaban establecidos actualmente.

Entre las medidas anticrisis que no seguirán, el Gobierno ha eliminado la posibilidad de extender seis meses la vigencia de los contratos de alquiler con los mismos términos y condiciones establecidos en el contrato que tuvieran en vigor.

En este sentido, Calviño ha defendido que la Ley de Vivienda convalidada por las Cortes Generales ya prevé que las personas vulnerables puedan extender en un año la duración de los contratos, "justamente para tener protección".

Eso sí, la limitación de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda que impide subidas superiores al 2% está ya extendida hasta el 31 de diciembre de 2023.

De hecho, la Ley de Vivienda ya establece ese límite del 2% para este año en la subida del alquiler y lo eleva hasta el 3% en 2024 para, antes del 31 de diciembre del próximo año, crear un nuevo índice de referencia aplicable al territorio al margen del IPC.

Además, se mantienen hasta final de año la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables cuando no haya alternativa habitacional.