Se estanca el Ingreso Mínimo Vital: uno de cada tres posibles beneficiarios se queda fuera porque "no les merece la pena"

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado al 35 % de sus beneficiarios potenciales, 284.000 hogares, lo que significa que no ha sufrido un aumento con respecto al año anterior. El presupuesto para el año 2022 fue de 1.900 millones de euros, un 47% del potencial que se reparte mayoritariamente entre los perceptores de Valencia, Sevilla y Madrid. Se calcula que alrededor de 470.000 hogares, de los 800.000 potenciales beneficiarios, no han solicitado el IMV porque "no les merecía la pena", así lo ha explicado Jose María Casado, director de la División de Evaluación.

Pese al 69% de solicitudes denegadas, la AIReF ha asegurado que el ingreso mínimo sí llega a los hogares más vulnerables: un 62% de beneficiarios ha percibido esta ayuda en el mes de marzo desde 2020. Pero Cristina Herrero, presidenta del organismo, ha afirmado que el Ingreso Mínimo Vital cuenta con una “limitación de partida” por no tener definido el término de la erradicación de la pobreza. Si no existe una definición es imposible conocer si esta ley “está siendo eficaz”, ha añadido.

A partir de este año, los perceptores del Ingreso Mínimo Vital podrán ver aumentada su prestación si encuentran trabajo o mejoran sus ingresos laborales con lo que se podrán beneficiar más de 100.000 hogares.

La tasa de “non take-up”, referida a aquellos que son potenciales beneficiarios que no solicitan la prestación, tuvo un porcentaje similar al de 2021 con un 58%. Casado asegura que es un número similar al de las ayudas de otros países aunque admite que se podría hacer más para reducir el porcentaje. De ahí que la AIReF quiera focalizarse en los hogares sin menores situados en comunidades con mucha población y baja renta, como sucede en Andalucía, por ser el perfil de los potenciales beneficiarios que no solicitan el IMV.

Según el director, las propuestas de la AIReF se basan en "modificar el modelo de gestión y hacerlo más automático" para llegar a todas las personas vulnerables. En cambio, en la tasa de "non take-up" del nuevo complemento de infancia (CAPI) el porcentaje es de un 76%, una cifra más elevada que en otros países. El CAPI ha generado un aumento del 60%, con respecto a los demás, por aceptar las solicitudes de los hogares que no perciben el ingreso mínimo vital.

El organismo insiste en la necesidad de acelerar y reforzar los mecanismos de intercambio de información de la Administración sobre población vulnerable, renta, patrimonios, prestaciones, impuestos y asistencia social. Unos datos que se podrían “llegar a complementar con una declaración universal de rentas y prestaciones” para que el modelo de IMV se convierta en un impuesto “negativo”.

También aconseja que el ajuste realizado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social se realice cada mes para evitar el perjuicio de las devoluciones en hogares de rentas bajas. El 83% ve modificada su nómina cuando es revisada y el 16% causa baja como beneficiario con la solicitud de una devolución de 2.500 euros.