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La segunda fase del Plan de recuperación, la llamada ‘Adenda’ aprobada por el Gobierno para acceder a 94.000 millones adicionales de los fondos europeos, introduce casi una veintena de reformas "complementarias" con las que el Ejecutivo pretende aumentar la productividad y el crecimiento económico en los próximos años.
Estas 18 reformas servirán, destaca el documento enviado ya a Bruselas, para reforzar aspectos que se han venido abordando en la primera fase del Plan con la puesta en marcha de más de 150 medidas, entre las que destacan las de ámbito laboral, de educación y formación profesional o las tendentes a favorecer el clima de negocios.
En particular, los cambios comprometidos para “afrontar los desafíos actuales y futuros” se centran en acelerar la transición ecológica y digital; en mejorar la autonomía estratégica en aspectos como la industria, el sector agroalimentario, la tecnología; y en fortalecer el mercado laboral o la protección a los consumidores vulnerables.
Según el Ejecutivo, estas reformas están dirigidas, en el contexto de la situación geopolítica creada tras la invasión rusa de Ucrania, a avanzar más rápido en reducir la dependencia de los combustibles fósiles y a diversificar las fuentes de suministro energético.
1.- Promoción y despliegue de energías renovables: Facilitar la tramitación administrativa de las instalaciones de generación eléctrica renovable.
2.- Descarbonización y movilidad sostenible: Se realizará a través del desarrollo de las Zonas de Bajas Emisiones, siguiendo el mandato de la Ley de Cambio Climático. Se establecerán los requisitos mínimos que deben cumplir esas áreas (en municipios con más de 50.000 habitantes) con el objetivo de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y otros contaminantes atmosféricos.
3.- Eficiencia energética: El documento de 192 páginas establece que se impulsará a través la Estrategia de eficiencia energética de la Red de Carreteras del Estado. Esta promueve un sistema de gestión inteligente de la iluminación de las carreteras a través de la digitalización, con la que se aspira a reducir en un 50% el consumo energético y a mejorar la seguridad viaria.
Son las medidas orientadas a contar con un sector agroalimentario potente y resiliente, que garantice el suministro de forma estable.
4.- Mejoras en las explotaciones agrícolas y ganaderas: Introducirá avances en la regulación, incluyendo medidas relativas al sistema de información de las granjas y al uso sostenible de antibióticos en especies de interés ganadero. Además, se revisará la normativa sobre los centros de limpieza y desinfección de los vehículos dedicados al transporte por carretera de animales vivos, productos para la alimentación de animales de producción y subproductos de origen animal no destinados al consumo humano.
5.- La Ley de desperdicio alimentario: Tratará de establecer una jerarquía de prioridades en el uso de los alimentos para que no se conviertan en residuos. Se trata, señala el documento de la Adenda, de contribuir a una gestión más eficiente de los recursos, fomentar la bioeconomía circular y favorecer la investigación e innovación en ese ámbito.
Para que la industria se adapte con la mayor rapidez a las exigencias de la transición verde y digital y refuerce su competitividad, se pondrán en marcha reformas sobre estos ámbitos:
6.- Mejora del clima de negocios y defensa de la competencia: La Adenda prevé la modificación de la Ley de Defensa de la Competencia y su Reglamento de desarrollo. Destaca que se realizará “en un entorno en el que la competencia efectiva en los mercados resulta esencial para evitar ampliaciones de márgenes empresariales y efectos de segunda ronda en la inflación”.
7.- Canalización del ahorro hacia la inversión: Se llevará a cabo la modificación de la Ley del Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión. Se persigue modernizar y mejorar los mercados de valores en aspectos como criptoactivos, los requisitos prudenciales de las empresas de servicios de inversión, facilitar el acceso a los mercados de renta fija, eliminar barreras de acceso a la infraestructura y aumentar la protección del inversor.
8.- Fomento de la innovación y la competitividad: La Adenda incluye la modificación de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que facilitará la atracción y retención de talento impulsando así la competitividad industrial. También prevé el desarrollo de un marco de pruebas regulatorias (sandbox) en el ámbito de transporte y movilidad, para facilitar la llegada al mercado de innovaciones.
En el ámbito de la transformación digital, los esfuerzos se dirigirán a reforzar las competencias y tecnologías digitales, así como la seguridad.
9.- Impulso de la Inteligencia Artificial: Se potenciará la utilización de la IA tanto por el sector público como por el sector privado a través de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial.
10.- Refuerzo de la ciberseguridad y protección de la información: La Adenda incluye la actualización de la regulación del Esquema Nacional de Seguridad, para proteger adecuadamente la información relacionada con la prestación de servicios públicos por medios electrónicos.
11.- Atracción y retención de talento: La segunda fase del Plan de Recuperación señala que se facilitará la inclusión laboral y social de los extranjeros para contribuir a la captación y retención de talento. Asimismo, se creará un fondo para dotar de recursos el Mecanismo RED (el que sustituyó a los ERTE de la pandemia y que supone una medida de flexibilización y estabilización del empleo) , con los que se financiará la recualificación de trabajadores en transición, facilitando su inserción laboral.
También se avanza un plan para el desarrollo de microcredenciales universitarias con el que se promoverá la recualificación de la población adulta mediante formaciones breves, flexibles, modulares, acumulables y orientadas a la adquisición de habilidades y competencias concretas requeridas en el ámbito laboral.
12.- Acceso a la vivienda: El compromiso con Bruselas pasa por activar medidas para lograr un incremento efectivo de la oferta de vivienda en alquiler, con especial atención a las áreas territoriales sujetas a mayor tensión en el mercado residencial.
13.- Protección social: Se presentan un primer grupo de medidas para reducir el impacto de la subida de la energía, especialmente entre los consumidores vulnerables (estos, dice la Adenda, deberán ser objeto de especial atención en las relaciones de consumo tanto por parte de las autoridades públicas como del sector empresarial). Estas medidas incluyen la creación de la figura del Suministro Mínimo Vital y la reforma del Bono Social Eléctrico. También se revisará la metodología de cálculo del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), para reducir la volatilidad.
Más allá del ámbito energético, se reforzará la protección de los consumidores más vulnerables con medidas generales en materia de consumo como la Ley de servicios de atención al cliente y la Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.
14.- Economía circular: Se prevé la aprobación de nuevas normas para cumplir los mandatos de la Ley de residuos y suelos contaminados. También se desplegará el II Plan de Acción de Economía Circular.
15.- Lucha contra la desertificación: Mediante la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación se da cumplimiento al compromiso de España como parte afectada de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Se actualizará el Programa de Acción Nacional contra la Desertificación de 2008, para el periodo 2022-2026, y se establece un nuevo marco para las políticas e iniciativas relacionadas con la desertificación en España.
16.- Planes y estrategias en materia de agua: Junto a los incluidos ya en el Plan de Recuperación, la adenda completa el marco normativo incluyendo la Orden Ministerial por la que se regulan las Entidades Colaboradoras en materia de seguridad de presas y embalses y la revisión de los Planes Especiales de Sequía.
17.- Funcionamiento eficiente de sector público y responsabilidad fiscal: se reforzará el sistema de planificación e inversión en infraestructuras de transporte desarrollando la metodología coste/beneficio que incluirá el cálculo de la huella de carbono. También se seguirá avanzando en la mejora del funcionamiento del sector público a través la Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés.
18.- Finanzas sostenibles: la Adenda incluye la aprobación y despliegue del Libro Verde para el Desarrollo de las Finanzas sostenibles.