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La Comisión Europea cree que ya se dan las circunstancias necesarias para eliminar las ayudas sociales y fiscales aprobadas como consecuencias de la crisis energética. La bajada generalizada de los combustibles así como del gas y la electricidad ayuda al Gobierno a plantearse estas recomendaciones comunitarias. Desde el recibo de la luz, al del gas pasando por los surtidores de gasolina o diésel, los ciudadanos verán incrementarse ligeramente sus facturas algo que elevará los ingresos fiscales en cantidades que los expertos sitúan entre los 1.500 y los 8.000 millones de euros que servirían para reducir nuestra deuda y el déficit fiscal hasta situarlo en los umbrales exigidos por Europa.
La lista de ayudas, exenciones o bonificaciones aprobadas a lo largo de 2022 se mantendrán hasta el 31 de diciembre. El Gobierno mantiene estos compromisos que ya tienen su respaldo presupuestario y todo apunta a que serían eliminados o reducidos a partir de 2024.
Entre las ayudas que estrían afectadas por las recomendaciones de Bruselas hay que destacar:
Junto a estas ayudas, el Gobierno también ha aprobado en el marco de la crisis energéticas reducciones de IVA:
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que la reducción de las ayudas energéticas en su incidencia fiscal suponen al Estado una merma de ingresos de unos mil quinientos millones de euros. Pero Bruselas estima que el montante de estas estas ayudas, en su sentido más amplio, tiene un coste de unos ocho mil millones de euros para las arcas públicas.
La autoridades comunitarias quieren que España emplee ese dinero para volver rápidamente a la senda fiscal que Bruselas relajó tras el esfuerzo comunitario por la pandemia de covid, la crisis de suministros, la guerra y la crsis energética.
La incidencias de estos recortes recomendados en Bruselas tendrán sin lugar a duda un efecto en los bolsillos de las familias españolas. José Luis Sancha es experto en el mercado energético y profesor de Comillas ICAI. En conversación con Informativos Telecinco cree que los recortes se verán en parte compensados con la reducción de los precios energéticos y señala que "el recibo de la luz de abril es el más barato de los últimos tres años", una tendencia que, según este experto podría ser mayor aún en el mes de mayo.
La combinación de estos dos factores, la bajada de los precios en los mercados energéticos y la vuelta a tasas de IVA del 21 por ciento o del 5 % en el impuesto eléctrico provocará una subida en la factura de los consumidores españoles que para este experto no será muy abultada, oscilando en el caso del impuesto eléctrico en subidas que irían desde uno o dos euros hasta 10 euros en el caso de familias con consumos por encima de los 30 euros en el recibo de electricidad.
Otra perspectiva sobre el futuro de estas ayudas en el marco de la crisis energética proviene de los expertos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) que estimaban que la rebaja del IVA a determinados alimentos durante la primera mitad de este año supone un ahorro a los consumidores algo menos de 40 euros por familia en promedio, a precios actuales. En total, el coste fiscal será de unos 700 millones de euros, de los que "sólo un 31% se trasladará en forma de ahorros a los dos quintiles inferiores de renta".
De acuerdo con las estimaciones de Fedea, sustituir la rebaja del IVA por ayudas directas concentradas en el 40 % de los hogares con menores ingresos, recortaría el coste de la medida a un tercio del actual o podría multiplicar por tres la ayuda media por hogar beneficiario con el mismo coste agregado.
Las recomendaciones de Bruselas a los gobiernos no son imposiciones, pero orientan las políticas económica de cada país. La exigencia de retomar la contención de la deuda pública y el déficit presupuestario obligará a eliminar todas o partes de estas ayudas.
José Luis Sancha cree que algunas de ellas como las que afectan a los tipos de IVA aplicados son competencia exclusivas de los Estados por lo que será al final una decisión independiente de cada Gobierno, ya que "Bruselas no tiene ninguna autoridad mas allá de lanzar una recomendación".
Desde Bruselas se deja claro que en el caso de que haya una nueva escala de precios en el mercado mundial que hagan necesarias más medidas de apoyo, estas deberán ser fiscalmente asequibles y se destinen únicamente a proteger a los hogares y empresas más vulnerables.