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A finales de junio de 2021, con el precio de la luz encadenando subidas desde principios de año, el Gobierno aprobaba la rebaja del IVA de la electricidad, del 21% al 10%. Era la primera de las numerosas medidas que se han ido poniendo en marcha desde entonces para tratar de amortiguar el impacto de la mayor subida de los precios de la energía registrada hasta la fecha.
Casi dos años después de esa primera decisión, con los efectos de esa crisis energética ya en retroceso, la Comisión Europea plantea ahora que ha llegado el momento de retirar las ayudas. Este miércoles recomendaba de forma general a todos los países miembros que las eliminaran antes del fin de 2023, cuando se recuperarán las reglas fiscales, que llevan años suspendidas por la pandemia.
En el caso de España, Bruselas insta a que se destine a reducir el déficit todo el dinero que se ahorrará con la retirada de las ayudas. Aunque el Gobierno ya se ha comprometido a situarlo en 2024, un año antes de lo previsto, en el 3% del PIB (la cifra a partir de la cual se incurre en desequilibrio fiscal). En 2023, Moncloa prevé que se quede en el 3,9%.
“La factura energética que está pagando el consumidor ha bajado bastante en estos meses y se encuentra por debajo de los niveles previos a la invasión de Ucrania. Una vez que el shock energético ha quedado atrás se pueden revertir perfectamente esas medidas de apoyo sin que hacerlo suponga un impacto relevante”, defiende María Jesús Fernández, economista senior de Funcas.
Reconoce que supondrá un encarecimiento de la energía en comparación con el mantenimiento de las ayudas, pero advierte que está justificado. “El déficit hay que corregirlo, es la principal vulnerabilidad que tiene ahora la economía española”.
También apoya la recomendación de Bruselas el subdirector de EsadeEcPol, Jorge Galindo que considera "inevitable" la petición de retirada de las ayudas energéticas. “Sea cual sea el escenario al que nos enfrentemos a partir del próximo año, hay que establecer una senda fiscal sostenible. Hay que financiar un cambio drástico en nuestros sistemas energéticos, pero para poder hacerlo hay ser creíbles fiscalmente”.
Ante las directrices expuestas por la Comisión, el Gobierno ya ha dicho que aboga por analizar detenidamente qué ayudas se pueden mantener y cuáles "levantar”. Lo señalaba este jueves la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que reconocía que en estos meses la preocupación por los precios de las materias primas ha ido cediendo y apostaba por ser más selectivos en las iniciativas del llamado 'escudo social'. "Debe haber una respuesta equilibrada, obviamente puede haber ámbitos, sectores, donde sea importante mantener las ayudas", señalaba Teresa Ribera.
Las medidas que se han ido aprobando desde mediados de 2021, que permanecen en vigor, y cuya posible eliminación impactaría en los precios que pagan los consumidores son:
Además, entre las medidas extendidas para hacer frente a la crisis energética, se incluye la prohibición de cortar los suministros básicos de luz, agua y gas a los consumidores vulnerables en caso de impago; la exención del 80% del importe de los peajes eléctricos a la industria electrointensiva; la limitación a un máximo de 19,55 el precio de venta de la bombona de butano. También se extendió a todo 2023 la ampliación de la cobertura bono social o la extensión de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural a todos los hogares, independientemente de que contaran con calderas individuales o comunitarias.
La llamada de atención de la Comisión Europea para eliminar las ayudas energéticas llega cuando los precios están ya muy lejos de los máximos alcanzados en la primavera y el verano de 2022. Según los datos del IPC correspondientes al mes de abril, el precio de la electricidad sería inferior al marcado a principios de 2021.
El del gas, por su parte, se situaría aun en los niveles del arranque de 2022, atendiendo a la referencia del INE. Aun así, los precios de este mercado de futuros, el TTF neerlandés, se situaban este jueves por debajo de los 25 euros por megavatio hora. No tal lejos ya de los 16 euros MWh que marcaba hace justo dos años.
Por lo que respecta a los carburantes, el precio medio del gasoil (1,409 euros por litro) y la gasolina (1,576 euros) llevan muchas semanas en tendencia descendente, marcan mínimos anuales y se sitúan por debajo del nivel previo al inicio de la guerra en Ucrania. “En este aspecto hay que tener en cuenta que probablemente el petróleo vaya a estar en niveles superiores a los de 2019 de aquí en adelante durante mucho tiempo y no se puede pensar en bonificar el combustible permanentemente. Los consumidores y la industria tendrán que adaptarse a ese nuevo escenario de costes”, reitera la economista de Funcas.
En cualquier caso y a pesar de la reducción generalizada de los precios energéticos, la Comisión Europea no niega que haya que poner en marcha nuevas medidas de apoyo si se producen nuevas subidas. Lo que sí deja claro a los gobiernos es que estas tendrán que estar dirigidas a proteger a los hogares y las personas vulnerables, ser fiscalmente asequibles y mantener los incentivos para el ahorro de energía.
Esta consideración específica de la recomendación de Bruselas es la que subraya de manera destacada el responsable de EsadeEcPol, frente a las bonificaciones o rebajas fiscales generalizadas. “La costumbre de redistribuir a través de impuestos indirectos es cara para las arcas públicas e ineficiente. Aunque proporcionalmente ahorran más los hogares con menores ingresos, el dinero que se deja de recaudar se está quedando, en mayor cantidad, en los hogares más ricos. Introducir ayudas focalizadas en una situación de emergencia es más lento y costoso operativamente que recortar impuestos indirectos, pero esa opción es pan para hoy y hambre para mañana”.
Una de las últimas medidas puestas en marcha para hacer frente a los efectos de esa crisis energética que se acabó convirtiendo en inflacionaria también pasa por otra rebaja generalizada de impuestos. Concretamente la del IVA a los productos básicos de la alimentación, para tratar de amortiguar la fuerte subida registrada en el último año. Entró en vigor a comienzos de año y se extiende, en principio, hasta el próximo 30 de junio, con un coste aproximado de 800 millones de euros.
Respecto a esta iniciativa, el Gobierno no ha querido adelantar aun será prorrogada durante la segunda mitad del año y defiende la necesidad de conocer la evolución de unos precios que, asegura, siguen sufriendo una gran volatilidad.