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Lorena aún estaba en el bachillerato el día que el ministro de Defensa, José Bono, y la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, anunciaron la demolición del antiguo Parque de Ingenieros militares de Villaverde, al sur de Madrid, para levantar viviendas protegidas: “Se podrán construir 2.000 viviendas. Sin embargo, para ofrecer soluciones a las personas con dificultades, se ha previsto que unas 1.100 viviendas serán protegidas”, dijo Bono en 2005. Las viviendas no empezaron a construirse hasta 2015 y fue en 2018 cuando, ya trabajando, Lorena y su pareja, Alberto, compraron uno de los pisos protegidos.
Pagaron 174.000 euros por una VPPL (vivienda protegida de precio limitado) 120 m2 construidos y tres habitaciones en una urbanización con piscina, gimnasio; 24.000 más por el garaje y el trasterio. Un precio que viene a ser la mitad de lo que piden ahora por una vivienda libre de esas características en la zona sur de la capital. Los requisitos para comprar una VPPL en Madrid marcan que el piso no debe exceder de los 150 m2, que el comprador no tenga otra vivienda y que los ingresos del hogar no superen los 54.000 euros (7,5 veces el IPREM). Tampoco pueden venderla por encima de un precio tasado durante 15 años.
El caso del Parque de Ingenieros de Villaverde ilustra las dificultades para que arraigue el alquiler público en España, un asunto convertido ahora por el presidente Pedro Sánchez y los candidatos del PSOE en objetivo prioritario con sucesivos anuncios que suman ya más de 100.000 futuras viviendas de alquiler asequible. España está a la cola de Europa en alquiler público. Poco más del 1%, apenas 300.000 viviendas, según las últimas cifras.
“La mitad de los pisos del bloque iban a ser para alquiler, pero como había más demanda de compra que de alquiler, al final se vendieron todos”, dice Lorena. “Todo lo público está por construir, las viviendas de alquiler social de la empresa municipal de la vivienda, las dotaciones públicas previstas; solo han puesto una guardería”. Algo es algo. Lorena y Alberto esperan un niño para septiembre.
El caso del Parque de Ingenieros muestra también cómo levantar viviendas asequibles en terrenos militares en desuso avanza con la lentitud del tiempo geológico. Desde el anuncio de 2005 pasaron tres años hasta la firma del convenio entre Defensa y el SEPES, la entidad del ministerio de Transportes encargada de la gestión pública del suelo. Un año después, en 2009, el SEPES abrió el concurso para el proyecto de urbanización. Pero no fue hasta 2014 cuando se empezaron a licitar las parcelas.
Por cierto, ese mismo 2014 el Tribunal de Cuentas rebajó el valor del suelo adquirido por SEPES en Villaverde. Estábamos en pleno hundimiento inmobiliario. “Si los terrenos no valen nada, que me los den a mí”, dijo el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, en una célebre comparecencia en el Congreso. En aquel momento, tras el pinchazo del fenomenal globo inmobiliario español, nadie estaba dispuesto a pagar por parcelas y miles de pisos vacios repartidos por España.
Fue en 2015, diez años después del anuncio de Bono y Trujillo en el Consejo de Ministros, cuando se puso la primera piedra de esta operación urbanística de Villaverde que aún no se ha culminado del todo.
Las demoras del Parque de Ingenieros parecen un juego infantil si se comparan con la eterna Operación Campamento. Hace décadas que los cuarteles militares en ruinas a la salida de la carretera que lleva de Madrid a Extremadura deben convertirse en más de 10.000 viviendas, uno de los mayores desarrollos urbanísticos de España y uno de los más anunciados y apalzados. Media clase política de ayer y de hoy se ha hecho la foto con esta operación como telón de fondo.
Este mismo mes de abril el SEPES todavía no había cerrado la compra de todas las parcelas a Defensa. Tenía solo el 12%. El Gobierno le ha traspasado otros 260 millones para que culmine la adqusición los terrenos militares.
A partir de ese punto, ¿qué se hace con los terrenos? ¿Quién construye? ¿Quién gestiona la venta o le alquiler? Aquí es donde el proceso se complica porque intervienen, además del Gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos, que son las que gestionan en última instancia los suelos y la vivienda pública. Y la voluntad política es determinante.
Fuentes de SEPES ponen como modelo el plan de alquiler asequible. Tras la cesión o venta de los terrenos –la ministra de Defensa insiste en que se venderán-, el SEPES se encarga del plan urbanístico y de firmar los convenios con las autonomías y entidades locales para definir el destino del suelo (vivienda de alquiler público, de protección, libre…).
En otros casos, como el Parque de Ingenieros, se han licitado los terrenos a cooperativas y constructoras con las condiciones de uso y edificabilidad ya definidas. Ahora el Gobierno busca que el suelo se mantenga en todo momento bajo titularidad pública. Todo el proceso de compra, convenios, licitación y construcción puede llevar entre 3 y 5 años, según SEPES; un plazo optimista a juzgar por los antecedentes.
La noticia de El País de 2005 que daba cuenta de la iniciativa del Parque de Ingenieros en el sur de Madrid también mencionaba los planes de la Operación Campamento: “Si los plazos se cumplen, las obras de preparación del terreno -asfaltado, alcantarillado, alumbrado público, instalaciones de servicios- podrían empezar el próximo verano, y las primeras casas empezarían a construirse en 2009”. Lo recordamos: en 2023 aún no se ha cerrado la compra por el SEPES de todos los terrenos que ocuparon los viejos cuarteles de Campamento.