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El territorio español está inmerso en un episodio dramático de sequía provocado por la escasez de lluvias y las continuas olas de calor que han ido jalonando los primeros meses del año. Los embalses se encuentran en límites preocupantes y ya se habla de posibles restricciones del consumo de agua en los meses más calurosos y generalmente más secos. Sin embargo, no solo el acceso al agua se encuentra en una situación compleja, ya que la ola de calor y la sequía afectan a todos los niveles, incluso a algunos trabajos de los que se puede decir que están en riesgo de extinción.
En el caso de España, los principales afectados son los trabajadores del campo, ya que, como cabe esperar, la agricultura es la principal damnificada de que no llueva y, como consecuencia, el campo se seque, dando lugar a que muchas de las cosechas no puedan salir adelante.
Si nos atenemos al informe realizado por BBVA Research, entre 2021 y 2023 se destruirán unos 35.000 empleos en el sector agrícola a pesar del crecimiento generalizado de la economía. Estas cifras podrían empeorar si las lluvias no llegan y se recupera la actividad agrícola. Y es que, si la producción cae, el empleo en las diferentes campañas de recogida también lo hará, lo que afectaría a miles de trabajadores del campo, cuya principal actividad se centra en los meses de primavera, verano y comienzos de otoño.
Por esta razón, Comisiones Obreras ha solicitado al Gobierno que los trabajadores asalariados no queden al margen de las medidas que próximamente vayan a adoptarse para afrontar los efectos de la sequía, puesto que son muchos los empleos que se han perdido hasta el momento por culpa de la escasez de lluvias.
A pesar de lo que pueda parecer, esta situación no es nueva en el sector agrícola. Desde diferentes organismos llevan años avisando de que la agricultura se vería afectada por el cambio climático y sus consecuencias: aumento paulatino de la temperatura, más sequías, fenómenos meteorológicos extremos… Por ejemplo, en 2019 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó el estudio “Trabajar en un planeta más caluroso: el impacto del estrés por calor en la productividad laboral y el trabajo digno”. Y en él se apuntaba que el 60 % de las pérdidas de empleo en el periodo que transcurre hasta 2030 afectarían a la agricultura.
A fin de cuentas, la ONU asegura que “al menos tres de cada cuatro empleos en el mundo dependen de la disponibilidad de agua”, a lo que añade: “Su escasez y los problemas de acceso a ella y al saneamiento pueden limitar el crecimiento económico y la generación de puestos de trabajo en los próximos años”.
En dicho estudio también se hace referencia al peligro que supone el aumento de las temperaturas y la existencia de olas de calor, ya que eso impedirá el trabajo en el campo en las horas centrales del día durante aquellas jornadas donde los termómetros se disparan de tal modo que suponen un peligro para el ser humano.
Como acabamos de comprobar, buena parte de los empleos que hay en el mundo dependen directamente del agua, con lo que la falta de este elemento puede acarrear pérdidas en otros sectores que no tienen que ver con la agricultura. En España, por ejemplo, el uso de agua en campos de golf o en el llenado de piscinas se encuentra en entredicho y su restricción acarrearía que algunos trabajos entraran en la lista de riesgo de extinción.
Un buen ejemplo de ello se encuentra en la propuesta realizada por Adelante Andalucía, la cual consiste en el cierre de los 109 campos de golf que hay en esta comunidad autónoma. Según la formación política estas instalaciones gastan al año la misma cantidad de agua que un millón de personas. Además, proponen el uso del agua para otros fines, habida cuenta la posible escasez de empleo en el sector agrícola. En cambio, desde la Asociación Española de Campos de Golf se oponen a estos planteamientos y aseguran que en su mayoría utilizan agua regenerada. Además, aducen que estos campos de golf suponen 52.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos en la región.
Por otro lado, la sequía podría llevar a la no apertura de piscinas, tanto públicas como privadas. No en vano, ya hay localidades que vigilan el consumo de agua por habitante. Es el caso de Begur, en Girona, cuyo ayuntamiento ha decidido vigilar que las piscinas que se encuentran vacías no se llenen mientras siga habiendo esta escasez.
En definitiva, el impacto de la sequía en la economía puede llegar a ser peligroso. Un equipo de investigadores del Departamento de Economía de la Universidad Loyola Andalucía sitúa en más de 27.000 millones de euros las pérdidas en el país, es decir, un 2,63 % del PIB.