Los partidos reaccionan en precampaña ante la creciente preocupación de los jóvenes por la vivienda

Una Ley de Vivienda aprobada por los socios de investidura; bonos de ayuda al alquiler desarrollados por las comunidades autónomas y promociones regionales de vivienda joven; los 93.000 pisos anunciados por el presidente del Gobierno para alquileres sociales; o la promesa de Feijóo de 1.000 euros en ayudas para gastos de renta o hipoteca, son algunas de las medidas y promesas habitacionales de los últimos tiempos y que van creciendo conforme nos adentramos en este año de doble cita electoral.

La primera de esas citas, será el 28 de mayo. Los partidos sacan brillo a los mensajes electoralistas sobre vivienda destinados principalmente a los jóvenes de entre 18 y 34 años. Ellos son los que más se abstienen desde siempre y los que, según el CIS, se muestran más preocupados por el acceso a la vivienda. Para un 11,9% de los jóvenes de entre 25 y 34 años es su primer problema. Solo la crisis económica y la calidad del empleo les preocupan más. Hablamos de tres asuntos, que al fin al cabo, van de la mano.

Y es que, según las últimas cifras del Eurostat, en España, el 83,2% de los jóvenes entre 18 y 34 años viven con sus padres. La edad media de emancipación se sitúa en los 29,8 años, una cifra que sitúa a nuestro país en el vagón de cola y tres puntos por encima de la media de 26,5 años de la Unión Europea.

Con esos datos y la preocupación reflejada por el CIS, los partidos intentan ver si la vivienda puede funcionar como palanca de voto de este grupo de edad. Según datos del INE, en 2022, en España había más de ocho millones y medio de jóvenes de entre 18 y 34 años. No todos están convocados a las elecciones autonómicas, porque ni Cataluña, ni Andalucía, ni Castilla y León, ni Galicia ni Euskadi tienen comicios regionales, pero sí están convocados a las municipales y en diciembre lo estarán a las generales. Así que la población joven supone un cuarto de los 36 millones y medio de electores que el 28 de mayo tendrán que elegir corporaciones municipales y a finales de año votar a los partidos que quieran gobernar.

En esa franja están Pablo y Álvaro. El primero vive en Madrid y tiene 28 años. El segundo es de Sevilla y tiene 27 años. Los dos buscan piso desde hace tiempo y no hay manera, porque todo es "viejo" y "carísimo". Les separan 560 kilómetros, pero la situación es muy similar en dos de las grandes ciudades españolas.

Pablo, que vive con sus padres y se quiere mudar con su pareja, nos cuenta que las medidas para mejorar el acceso a la vivienda podrían hacerle decidir votar en un sentido o en otro.: "Los jóvenes somos los grandes olvidados", lamenta a cinco semanas de introducir su papeleta en la urna.

Después de un año buscando una casa con su pareja en Madrid, asegura a NIUS que los precios están "disparados" y que todo lo que encuentra está "destartalado". Explica que su pareja y él necesitan una vivienda de dos habitaciones, porque ambos teletrabajan y que no hay nada de esas características por menos de 300.000 euros, algo que se escapa de sus posibilidades a día de hoy.

Especialista comunicación y redes sociales, tanto Pablo como su pareja tienen trabajos estables, contratos indefinidos, y están asentados en sus empresas. Pero eso no se ha traducido en un acceso rápido a una vivienda. El alquiler, "por las nubes" en Madrid está descartado por ellos y se plantean comprar porque "hoy en día, una hipoteca con un tipo de interés fijo te sale igual o mejor que un alquiler, y además estás invirtiendo en algo que al final va a ser para ti". Eso sí, saben que para eso necesitará la ayuda de sus padres, que será clave en su emancipación.

En Sevilla, Álvaro sí vive con su pareja. Los dos son funcionarios y tienen alquilado un piso, pero quieren comprar algo y hace tres años que buscan sin éxito. Les ocurre lo mismo que a Pablo, que todo lo que encuentran es viejo y que lo "más decente" no baja de 300.000 euros, y "hablamos de pisos de segunda mano".

En el caso de Pablo, no se cree demasiado las promesas electorales, así que por ahora los anuncios relacionados con la vivienda no le han hecho decidirse por ningún partido. De hecho, aún no tiene claro si irá a votar.

Sus casos no son, ni mucho menos, aislados. Los tres últimos barómetros del CIS reflejan la preocupación de los jóvenes por la vivienda. Y esa preocupación ha ido ascendiendo conforme pasaba 2023. Claro que ahí hay que diferenciar entre la franja de entre 18 y 24 años y la que está entre 25 y 34. Los primeros suelen vivir en casa de sus padres sin plantearse aún la emancipación. Son los segundos, ya integrados en la vida laboral, los que realmente se sienten afectados.

Los datos del CIS no solo muestran como crece la incertidumbre de acceder a una casa propia o en alquiler, porque en realidad, pese al crecimiento de la preocupación, se sitúa como tercer problema personal. En primer lugar, en todas las edades, está la crisis económica y sus derivadas, y en el caso de los jóvenes, en segundo puesto está la calidad del empleo.

Los informes de Tezanos también analizan un ascenso en la preocupación por ese asunto, que también es más problemático para los que tienen entre 25 y 34 años, porque ya lo viven directamente, que para los que están entre los 18 y los 24.

Sin un empleo estable y de calidad se complica la emancipación y poco a poco ambos asuntos se equiparan en la lista de desvelos juveniles.

Los partidos político han metido la vivienda en la campaña. En sábado preelectoral, el presidente Pedro Sánchez anunciaba que pondría a disposición del alquiler social 50.000 viviendas de la SAREB, conocida como 'el banco malo'. Pero el gesto no le salió del todo bien al Partido Socialista, porque rápidamente se cuestionaron esas cifras. Así que el martes, nuevo anuncio, esta vez en el Congreso: otras 43.000 viviendas para alquileres públicos. En total, 93.000.

Por su parte, el PP también ha metido la vivienda en sus programas. La promesa de Feijóo, una ayuda a la emancipación para los jóvenes. Su propuesta pasa por 1.000 euros de ayuda; una ampliación del bono joven de alquiler; y un incremento de las cesiones de suelo para viviendas de protección, con un precio de alquiler de un 40% más barato que el precio del mercado.

Mientras, en las comunidades autónomas, los ejecutivos van desarrollando el bono social del alquiler, puesto en marcha en enero de 2022 y que supone una ayuda de 250 euros al mes. La subvención es parte de un plan estatal pero se gestiona desde los gobiernos regionales .

En Madrid, el Gobierno de Ayuso se queja de que el dinero que pone el Estado solo da para ayudar al 1% de los jóvenes madrileños. A día de hoy, hay 8.200 beneficiarios, aunque todavía no han cobrado y se están comprobando las facturas con la intención, según fuentes del Ejecutivo, de hacer los primeros abonos "en bloque" en el mes de junio.

Los retrasos no son solo cosa de Madrid. A finales de enero, solo Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valencia, Extremadura, La Rioja y Ceuta habían comenzado a abonar esos 250 euros mensuales. En Euskadi, el bono del Estado no llega a los jóvenes. Ellos tienen otro desde hace cuatro años y aunque al principio también era de 250 euros, desde 2022 es de 275.