El Congreso ha fijado un calendario con la idea de aprobar el texto de la nueva Ley de Vivienda este próximo jueves 20 de abril en Comisión de Transportes y en el pleno del día 27 de abril, tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno de coalición con ERC y Bildu. El último paso será la aprobación en el Senado con idea de que esté en vigor antes de las elecciones autonómicas y municipales que se celebran el próximo 28 de mayo.

Tras catorce meses atascada en su tramitación parlamentaria, la negociación de la Ley de Vivienda se desbloqueó el pasado viernes con un acuerdo político entre el PSOE, UP, ERC y Bildu, y ahora todo parece indicar que se va a aprobar en menos de 10 días.

El Consejo de Ministros también ha aprobado la movilización de 50 000 viviendas de la Sareb, antes conocido como ‘banco malo’, para el alquiler “asequible” de jóvenes y familias, una medida que anunció el domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha anunciado que el Ejecutivo destinará 4.000 millones a financiar 43.000 viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles, durante su comparecencia en el Parlamento para explicar las consecuencias de la guerra de Ucrania, la Reunión de Alto Nivel con Marruecos y el último Consejo Europeo.

la Ley de Vivienda incluirá finalmente una rebaja del concepto de gran tenedor, que se considerará así a partir de la propiedad de cinco inmuebles y no de diez como hasta ahora, y ampliará la declaración de zonas tensionadas del mercado alquiler, donde el precio de los alquileres están topados.

Según consta en el acuerdo, presentado en el Congreso por los portavoces de EH Bildu y ERC, Oskar Matute y Pilar Vallugera, respectivamente, en materia de subidas de alquileres, la norma mantendrá también el límite del 2% para este año, mientras que se incrementará a un 3% en 2024 para, en el futuro, crear un nuevo tope.

Además, se amplía la declaración de zonas tensionadas, cuya consideración pivota sobre dos condiciones que no tienen por qué cumplirse a la vez, es decir, bastará con que se cumpla una de las dos situaciones para que el área pueda ser declarada como tensionada. Las condiciones son: que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o bien que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada. En este sentido, se rebajará de 5 a 3 puntos el umbral de aumento sobre el IPC para declarar las zonas tensionadas.

Los socios de Gobierno han asegurado que los desahucios sin fecha y hora predeterminada se han acabado, creando nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que "aplazarán los procesos más de dos años". Asimismo, según consta en el acuerdo firmado por ERC y EH Bildu, se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para las personas vulnerables". La ley permitirá además que las comunidades puedan poner en marcha mecanismos de mediación y de alternativa habitacional, "forzando a los grandes tenedores que realicen desahucios a someterse a los mismos".

Los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario. "Se termina así con los abusivos gastos y honorarios inmobiliarios que impiden a muchas personas, especialmente a los jóvenes, acceder a una vivienda por el desembolso inicial que supone", se advierte en el documento, señalando que "el servicio inmobiliario se presta al propietario, y por tanto será este el que deba asumir los gastos que dicho servicio genere". Además, se prohibirá aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos y se eliminan las cláusulas que permitían la no aplicación de las medidas de existir un acuerdo entre las partes.

La Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (Asipa) ha advertido este viernes de que la limitación de los precios de los alquileres es una medida "cortoplacista y contraproducente", que no resuelve el problema de fondo del alquiler en España: la falta de oferta.

Los grandes caseros de pisos en alquiler advierten que la nueva Ley de Vivienda va a conseguir que la gente retire los pisos del mercado y se suban los precios. Así lo han explicado desde desde ASIPA (Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler) tras conocerse los detalles de la nueva normativa. El Gobierno cree lo contrario. La norma contempla ahora que los alquileres que se encuentren en áreas de mercado tensionado serán regulados y topados, independientemente de que los inmuebles sean propiedad de grandes tenedores o de pequeños propietarios, tanto para contratos de inmuebles que estén en el mercado de alquiler como para nuevos contratos.

Los topes variarán según la modalidad de contrato y, sobre todo, según el perfil del casero. En el caso de los pequeños propietarios que cuenten con cinco inmuebles en un área tensionada, el límite se establecerá mediante la indexación a la renta anterior en vigor, es decir, el límite vendrá marcado por el contrato anterior, si bien el acuerdo contempla también una serie de bonificaciones a estos propietarios para incentivar que pongan sus inmuebles en arrendamiento.

En el caso de los grandes propietarios, el tope se establecerá mediante la aplicación de un índice de referencia que comenzará a elaborarse ahora y entraría en vigor el 1 de enero de 2025. Hasta entonces, durante 2023 se aplicará el límite del 2% actual, mientras que en 2024 será del 3% a todos los contratos en vigor, independientemente del tamaño del tenedor.

Los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida aumentan del 30 al 40% en el suelo urbanizable (actuaciones de nueva urbanización) y del 10 al 20% en suelo urbano no consolidado (actuaciones de reforma o renovación de la urbanización).