El presidente del gobierno Pedro Sánchez acaba de aprobar un plan para impulsar la disponibilidad de viviendas sociales en arrendamiento. El primer paso será destinar 50.000 viviendas de la Sareb a alquiler asequible, aunque hay que señalar que estas se encuentran repartidas de forma desigual por la geografía español. En este escenario, han salido a la palestra el número de viviendas protegidas destinadas al arrendamiento o a la compra, y cuáles son los requisitos económicos para acceder a una de ellas.

Según el Observatorio de la Vivienda y el Suelo, solo el 2,5 % de las construcciones que hay en España corresponden a vivienda social, lo que nos sitúa en el puesto 18 dentro de la Unión Europea. Esta cifra está muy lejos de los países que lideran este ranking: Países Bajos (30 %) y Austria (24 %).

Y no es de extrañar si se tiene en cuenta que, de acuerdo con datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), desde 2013 solo se han concedido el 6 % de las viviendas de protección oficial que hay en España. Es más, en 2021, 25 de las 52 provincias (más las ciudades de Ceuta y Melilla) no concedieron ninguna vivienda de protección oficial.

Sopesando estos datos, los tiempos en los que un mayor número de ciudadanos accedía a una VPO parecen haber pasado. Recordemos que una vivienda de protección oficial es aquella que está promovida por la administración pública con el objetivo de que las personas con rentas más bajas puedan acceder al mercado de la vivienda con unos precios más bajos. 

A pesar de este descenso en el número de inmuebles disponibles para esta función, los requisitos no han variado demasiado con el paso del tiempo. Claro que, aunque hay algunos comunes, es cada Comunidad Autónoma la que regula el acceso a este tipo de viviendas, difiriendo sobre todo en los requisitos económicos. 

Los requisitos para acceder a una vivienda de protección pública se detallan en el Plan Estatal de Vivienda. Los más importantes son los siguientes: 

Como hemos apuntado, los requisitos económicos dependen de lo que designe cada gobierno autonómico, aunque todos ellos se rigen por el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples o IPREM. Las viviendas de protección oficial generales se mueven en límites que suelen situarse entre 2,5 veces y 5,5 veces el IPREM. Es decir, esa es la cantidad máxima que puede ganar la unidad familiar en su conjunto –si trabajan los dos cónyuges o también algún hijo, la cifra será la misma–. 

En los Presupuestos Generales del Estado de 2023, el IPREM anual de 12 pagas se situó en 7.200 euros, con lo que el acceso a la VPO podría variar entre 18.000 y 39.600 euros anuales, dependiendo de la comunidad en la que se adquiere.