Las rentas altas soportarán el 65% del coste de la reforma de las pensiones

Es el primer análisis de la reforma de las pensiones al que el Gobierno le ha dado rango de 'autorizado'. "Máximo respeto" a la opinión de la AIReF, decía el presidente del Gobierno sobre los números de la autoridad fiscal independiente. Hasta ahora, las críticas de algunos expertos y organizaciones al impacto de los cambios se habían despachado con descalificativos como "debates viejunos", "demagogia" o "cálculos oportunistas sacados con el ordenador de una casa". El análisis de la AIReF es ya otra cosa y lo que viene a decir coincide en parte con las críticas ya realizadas: la reforma de las pensiones añade más gasto y no genera suficientes ingresos extra para cubrirlo.

Además de este gran titular, el informe de la AIReF nos deja más información sobre a quién y cómo impactarán las reformas. Por ejemplo, el 65% del coste de la subida de las cotizaciones y otros recargos para aumentar los ingresos del sistema recaerá en los que ganan más de 54.000 euros al año. Este grupo de trabajadores --y las empresas que los emplean--, pagarán conjuntamente "7.800 millones de euros de impuestos adicionales con los datos del PIB de 2022, debido fundamentalmente al aumento de las bases máximas de cotización", apunta el análisis.

Por su parte, los salarios inferiores a 54.000 euros soportarán el 35% del coste de la reforma. "Este es el colectivo más numeroso y en el que se concentran la mayoría de los salarios en España", apunta la autoridad fiscal independiente. Estos trabajadores -- y de nuevo, las empresas que los emplean-- sólo se ven afectados por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la derrama para volver a llenar la llamada hucha de las pensiones. Desde el 1 de enero de este año las cotizaciones sociales han subido un 0,6% para todos. En 2029 se elevarán al 1,2%. Las rentas altas además del MEI verán aumentada su base de cotización y tendrán una cuota de solidaridad.

"La reforma supondrá, una finalizados los períodos de aplicación gradual, un aumento de los costes laborales con un impacto muy heterogéneo por niveles salariales, y especialmente focalizado en las rentas laborales que superan los 54.000 euros brutos anuales", concluye el análisis.

La última reforma plantea poder elegir entre dos esquemas para calcular la pensión:

El Ejecutivo argumentaba que este cambio iba a favorecer a aquellas carreras laborales más irregulares. Esta nueva opción de elegir beneficiará al 16% de los jubilados, según los cálculos de AIReF. "El sistema antiguo es beneficioso para más de la mitad de los individuos, y sólo el 16% de la población elegiría el nuevo sistema y verán mejorada su pensión en un 2,1% de media. Para un 23% será indiferente y para el 60,5% restante será mejor el sistema antiguo porque el nuevo supondría un 2,6% menos de pensión".

Si se analiza el perfil de las personas de cada uno de estos grupos, a la AIReF le llama la atención que "el grupo al que le resulta indiferente esta parte de la reforma incluye a todos los receptores de complementos de mínimos y de las pensiones máximas".

La nueva regulación implica que las bases de cotización subirán más que la pensión máxima. Este decalaje servirá para aumentar los ingresos del sistema pero reduce la contributividad. Se supone que lo que uno cobra de pensión está relacionado con lo que ha contribuido. Si se va a pagar más, se debería recibir más. No será así durante bastante tiempo. En la práctica la pensión máxima estará prácticamente topada hasta 2050.

"Esto lleva a que el porcentaje de personas que reciben la pensión máxima casi se doble hasta ese momento, desde un 12% hasta casi un 24% en 2050, lo que implica un tope de un número de pensiones mayor", apunta el análisis.

Los empresarios no se han sumado a los últimos cambios. Sí aprobaron la primera parte de la reforma: subir las pensiones con el IPC. Pero a la hora de pactar con qué ingresos financiar este aumento del gasto, la patronal no ha estado de acuerdo con la fórmula propuesta: todo se carga a las cotizaciones sociales, criticaban.

La CEOE sostiene que aumentar esta carga repercutirá negativamente en el empleo. Algunos modelos económicos apuntan en esta dirección. Sin embargo, los cálculos de la AIReF minimizan bastante esta derivada. "En términos de puestos de trabajo equivalente a tiempo completo ello supone una reducción de unos 6.000 empleos en el primer año y de 33.000 transcurridos tres años (respecto al escenario sin reforma)". No parece un impacto muy abultado.

Sin embargo, la autoridad fiscal también destaca que las cotizaciones sociales aumentarán, de media, 2,7 puntos porcentuales cuando estén todas totalmente implementadas. A eso habría que sumar seguramente subidas adicionales en el caso de que las revisiones del sistema (como el coche que pasa la ITV), detectaran desfases en el rumbo previsto. "España reúne rigideces en el mercado de trabajo y una especialización productiva en sectores intensivos en mano de obra que llevan a esperar que un incremento de cotizaciones tenga impacto más elevado que en otros países", advierte la AIReF.