La cuadratura del círculo que el Gobierno aseguraba haber conseguido con la última reforma de las pensiones tendrá que reajustarse dentro de tan sólo dos años. El análisis de los cambios realizado por la autoridad fiscal independiente apunta a que en 2025, cuando toque la primera revisión -- tal y como se ha comprometido con Bruselas--, habrá que volver a abrir y operar. La cuantía del ajuste podría oscilar entre los 2.600 y los 10.600 millones de euros, el 0,2% y el 0,8% del PIB, respectivamente.
El Gobierno de turno decidirá entonces si se consigue ese dinero vía ingresos o gastos. En caso de que no haya acuerdo político, subirán las cotizaciones sociales que pagan empresa y trabajadores gradualmente hasta cubrir el desfase detectado, tal y como estable la última reforma. Muchos expertos apuntaban a que este primer ajuste en el año 2025 iba a ser inevitable: los números no cuadraban.
La cifra final de lo que habrá que corregir dentro de dos años dependerá sensiblemente "de los supuestos y la metodología" que se utilicen, apuntaba la AIReF. En ese debate, la autoridad fiscal independiente tendrá poco que decir porque será el Ejecutivo y la Comisión Europea quienes pacten el modelo. "Las posibilidades de evaluación de AIReF quedan limitadas", lamentaba la presidenta, Cristina Herrero este viernes, en la medida en la que ellos no participan en el diseño de esos factores tan determinantes.
La autoridad fiscal cree que, contrariamente a lo que dice el Gobierno, los cambios en las pensiones añaden más gasto que ingresos al sistema. En el año 2050 sumarían un punto más de déficit a las cuentas públicas. "En ese sentido, los cambios no mejoran la sostenibilidad", argumentaba Herrero. Otra cuestión aparte es si las reformas del Gobierno hacen insostenible el sistema de pensiones, algo sobre lo que no se ha pronunciado la AIReF.
La batalla de los números dependerá de los modelos que se utilicen para proyectar cuánto gastará España en pensiones, cuánta gente se jubilará, a qué edad, con qué pensión, cuántos millones ingresará la Seguridad Social por cotizaciones sociales, cuánto empleo nuevo se creará y con qué salarios, cuánta inmigración tendremos... El ministro de Seguridad Social y expresidente de la AIReF, José Luis Escrivá, defiende sus números, precisamente por este motivo.
El mayor déficit que proyecta la AIReF en las pensiones se basa en escenarios que "se se están quedando desfasados" por los efectos de la reforma laboral y el crecimiento de la productividad, según Escrivá. El Ejecutivo fía a estas dos variables su cuadratura particular del círculo. "Máximo respeto" a los informes de la AIReF, respondía el presidente del Gobierno desde Bruselas defendiendo al mismo tiempo la "solidez y robustez" de los números que se han negociado con Bruselas.
España tenía pendiente cerrar la cuestión de la sostenibilidad de las pensiones para poder acceder al siguiente tramo de ayudas europeas. La Comisión Europea ha estado muy al tanto de esta reforma y por eso desde el Ejecutivo se habla de "aval europeo", aunque formalmente no llegará hasta el verano. Preguntada sobre cómo era posible que Bruselas hubiera dado su visto bueno a unos cambios que, según AIReF, no mejoran la sostenibilidad, Herrero contestaba: "En el mecanismo automático de ajuste del gasto --lo que se aplicará a partir de 2025-- se ve claramente que han llegado a un acuerdo. Lo que no sabemos es qué hay detrás de los números que han pactado".
De todos los cambios que se han introducido en las pensiones, el que mayor impacto tendrá es la vuelta a la revalorización con el IPC. Según la AIReF añadirá 2,7 puntos de PIB más de gasto, cerca de 36.000 millones de euros. Por tener una referencia: una nómina de las pensiones contributivas ronda los 12.000 millones de euros al mes.
"Partimos con un hándicap que son casi tres puntos más de gasto. A ver cómo levantas eso", comentaba Herrero. Las medidas de ingresos adicionales --básicamente subida de cotizaciones sociales-- no cubrirán ni la mitad del aumento del gasto derivado por la subida con el IPC. Por eso la AIReF concluye que las reformas suman déficit. Números rojos que tendrán que convertirse en más deuda del Estado con sus respectivos intereses.
Es más presión para un sistema que va a tener que encarar una avalancha de jubilaciones del baby boom en los próximos 25 años. La población en edad de trabajar caerá en tres millones de personas y la tasa de dependencia será del 51%, según las proyecciones de la AIReF. Es decir, habrá dos personas en edad de trabajar por cada pensionista. Ahora ese porcentaje está en el 31%.
El menú de opciones para el Gobierno al que le toque lidiar con esta situación está limitado por las propias recomendaciones del Pacto de Toledo, un acuerdo que alcanzaron todos los partidos menos VOX en el año 2020 para mejorar el sistema. Según la AIReF, podría encajar con esas recomendaciones:
"Habrá que ir viendo cuál de las medidas puede actuar de manera más rápida cumpliendo con el Pacto de Toledo", explicaba la presidenta de la AIReF. "La cuadratura del círculo es complicada". En esto último coincidía Herrero con el diagnóstico de su antecesor en el cargo. Porque además, más allá del modelo y los supuestos elegidos para hacer los cálculos y proyecciones a futuro, hay un factor certero: el inexorable envejecimiento de la población española.