Cuando en 2008 se desató la crisis financiera que sacudió a la mayor parte de los países del mundo, en España había 45 cajas de ahorro, unas entidades bancarias que llegaron a copar la mitad del mercado financiero. Cinco años después el panorama había cambiado radicalmente. La mala gestión y los problemas económicos provocaron que muchas de ellas se tuvieran que fusionar o desaparecer, al tiempo que el gobierno se veía obligado a inyectar grandes sumas de dinero para rescatar a la banca. Ahora, la banca española tiembla de nuevo tras la intervención del SVB en Estados Unidos.

Las consecuencias para nuestro bolsillo fueron nefastas, si se tiene en cuenta que el Tribunal de Cuentas ha llegado a cifrar en 122.754 millones de euros el dinero público gastado en reestructurar el sistema entre los años 2009 y 2018.

Para entender el porqué de la quiebra de la mayoría de las cajas de ahorro españolas hay que fijarse en su idiosincrasia y en su evolución. Este tipo de entidad se diferencia de los bancos porque tradicionalmente eran instituciones sin ánimo de lucro, con fines sociales (parte de sus ganancias estaban destinadas a obra social) y de carácter territorial. Estas características llevaron a un buen número de ciudadanos a confiar en ellas, hasta tal punto que, como hemos apuntado, acapararon el 50% del mercado financiero.

En 1988, se eliminaron los límites territoriales y las cajas comenzaron poco a poco a funcionar como bancos. Sin embargo, estaban sujetas a una considerable politización. Los partidos políticos situaron a afiliados en los órganos de dirección y la gestión se vio resentida. Además, comenzaron a aparecer escándalos relacionados con la corrupción.

Con la burbuja inmobiliaria, tanto los bancos como las cajas de ahorro concedieron numerosos préstamos, para lo cual solicitaron enormes sumas de dinero a la banca europea, ya que no contaban con los depósitos suficientes para hacer frente a la demanda de hipotecas. Sin embargo, llegó la crisis y los compradores comenzaron a no poder hacer frente a sus deudas, de modo que las entidades bancarias no tenían modo de devolver el dinero que habían pedido. Fue entonces cuando la mala gestión y los errores cometidos a lo largo de dos décadas comenzaron a aflorar hasta tal punto que el Banco de España se vio obligado a intervenir. En 2009 se creó el FROB - Autoridad de Resolución Ejecutiva (anteriormente, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), organismo de carácter público cuyo objetivo era gestionar los procesos de resolución de las entidades en su fase ejecutiva. 

En 2010 aún existían las 45 cajas de ahorro antes mencionadas, pero en solo un año se convirtieron en 15, ya fuera por concentración, por reestructuración o por nacionalización. Actualmente solo siguen operando dos de ellas, Caixa Ontinyent y Caixa Pollença, las únicas que han sobrevivido a la crisis y a la posterior reordenación del sistema financiero en nuestro país. Respecto a las cajas que quebraron, hay que diferenciarlas por los diferentes destinos a los que se vieron abocadas. 

Las cajas de ahorro que fueron fusionadas por el FROB y el SIP (Sistema institucional de protección) fueron las siguientes: 

También se realizaron adquisiciones de cajas de ahorro (o algunas de las fusiones ya mencionadas) por parte de otras entidades financieras: 

No cabe duda de que el rescate a la banca ha supuesto un gran esfuerzo para el dinero público y, por lo tanto, para el conjunto de los contribuyentes. El Tribunal de Cuentas elevó en diciembre de 2021 el cómputo final de la reestructuración bancaria a 66.577 millones de euros. Asimismo, situó en 122.754 millones el total de los recursos que fueron comprometidos por parte del FROB, del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC) y del propio Banco de España. 

Para poner esas cifras en perspectiva, el presupuesto para el Ministerio de Educación y Formación Profesional en 2023 es de 6.408 millones de euros. Otro ejemplo es que en 2022 España dedicó 6.606 millones de euros a Sanidad.