{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
La subvención de los carburantes finalizará el próximo 31 de diciembre sin que el Gobierno haya querido aclarar hasta ahora qué pasará con ella en 2023. La apuesta de Moncloa ha sido esperar “hasta el último momento” para decidir sobre la prórroga de la medida, en función de cómo vayan evolucionando los precios.
Cuando el Consejo de Ministros tenga que decidir la próxima semana sobre la extensión o no de la ayuda, dentro del tercer paquete anticrisis, lo que verá es que la tendencia de estos es claramente descendente desde hace más de un mes. La gasolina lleva bajando cinco semanas consecutivas y el diésel, siete. Solo en la última, han caído un 3,16% y un 2,86%, respectivamente.
Con estas bajadas, el litro de gasolina se sitúa en los 1,59 euros, según los datos publicados por el boletín petrolero de Unión Europea. Es exactamente el mismo nivel que marcaba la semana en la que se produjo la invasión rusa de Ucrania.
En el caso del gasoil, los 1,66 euros por litro que marca ahora el surtidor es el precio más bajo desde el 11 de abril, pero en ese caso los importes oficiales del boletín petrolero incluyeron (durante dos semanas) la bonificación de 20 céntimos que entró en vigor el día 1 de mes. Para encontrar un precio del diésel por debajo comparable hay que remontarse al 7 de marzo, 15 días después del inicio de la guerra. Y, a pesar de las caídas del último mes y medio, sigue estando todavía más caro que antes de la invasión.
Por su parte, el petróleo, la materia prima de estos productos refinados, está ya muy por debajo de los máximos que alcanzó a principios de verano y hace meses que ha recuperado el nivel previo al conflicto por los temores de desaceleración económica global.
Cuando a finales del pasado marzo el Gobierno aprobó el primer paquete de medidas anticrisis para mitigar el impacto del conflicto en Ucrania, el precio de la gasolina era un 12% superior al actual y el del diésel casi un 10%. Entonces, a las puertas de la Semana Santa, el Ejecutivo apostó por subvencionar, de forma generalizada, 20 céntimos por litro de combustible para todos los consumidores.
La medida, que se ha prorrogado en sucesivas ocasiones con el mismo diseño, es la más cara de todas las que ha adoptado Moncloa para hacer frente a la crisis provocada por la guerra. En el tiempo que ha estado en vigor este año ha costado 4.531 millones de euros a las arcas públicas y mantenerla igual supondría 6.774 millones de euros más, según cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Así que el descenso de los precios de los carburantes junto al elevado coste de la iniciativa son dos aspectos que pueden inclinar la balanza hacia su finalización. No solo esos, junto a otras críticas a la medida por incentivar el uso de combustibles fósiles, muchos organismos han puesto también el foco en su falta de progresividad. Es decir, que ofrece el mismo beneficio a los consumidores con más recursos que a los de rentas bajas.
La AIReF, de nuevo, concluyó que esta medida era la que peor se repartía entre ricos y pobres, ya que los primeros se embolsaban más del 13% de lo que cuesta la bonificación, mientras que los más pobres no llegaban al 5%. La otra medida en la que se observa un efecto similar, la gratuidad de los trenes de media distancia, es la única cuya extensión ya ha sido aprobada para 2023.
Aunque el Gobierno insiste en que aún está evaluando el efecto de las medidas anticrisis para decidir cuáles se prorrogan, cuáles finalizan, y cuáles se ponen en marcha por primera vez (como las destinadas a contener el precio de los alimentos), lo cierto es que desde Moncloa se viene transmitiendo la idea de que este nuevo plan debe incluir iniciativas que se centren más en los colectivos más vulnerables.
Se trata, explican, de focalizar las ayudas para que el esfuerzo económico se dirija justamente a quienes más lo necesitan. Una visión que ha sido defendida por numerosas instituciones económicas.
En el caso de los carburantes, el cambio podría pasar por eliminar esta ayuda generalizada y mantenerla solo para los transportistas y los consumidores de rentas más bajas. Pero, esta alternativa sigue teniendo las mismas dificultades técnicas que obligaron a extenderla a toda la población cuando se puso en marcha hace ocho meses.