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La vigencia del escudo social que el Gobierno diseñó la pasada primavera para mitigar el impacto económico de la guerra de Ucrania, y que se prorrogó al comienzo del verano, está a punto de finalizar. La mayor parte de las medidas fiscales y las ayudas que se diseñaron para contener los efectos del alza de los precios terminan el 31 de diciembre.
Quedan 20 días, menos si quitamos los festivos navideños, para decidir cuáles de todas las medidas desplegadas se exrtieden el año que viene. El Ejecutivo no ha querido adelantar ninguna decisión a pesar del escaso margen temporal que existe y ha asegurado que está aún evaluando los efectos que han tenido para tomar decisiones.
La única iniciativa cuya prórroga está asegurada el año que viene es la referente a la gratuidad del transporte público ferroviario en los trenes de titularidad estatal, que se extenderá también a los autobuses de larga distancia.
Todo lo demás está en el aire. También la forma en la que Moncloa se plantea “contener” el precio de los alimentos, cuya subida dobla ya la de la tasa general de inflación.
Además, el real decreto sobre las ayudas a los hipotecados afectados por la subida del euríbor llega esta semana al Congreso para su convalidación sin que los dos socios del Gobierno estén de acuerdo en su contenido. Tampoco hay consenso sobre la reforma de la segunda pata del sistema de pensiones que tiene que estar aprobada antes de que acabe el año, tal y como se comprometió con Bruselas.
A todos estos deberes económicos hay que sumar además las conversaciones entre el Ejecutivo y los agentes sociales sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional para 2023.
El Gobierno tendrá que decidir si mantiene las rebajas fiscales a la energía más allá de fin de año. El ejecutivo fue reduciendo los impuestos que se aplican a la factura de la luz y del gas para frenar el impacto en el bolsillo de los consumidores.
La subvención del gasóleo y la gasolina con 20 céntimos por litro de combustible se aplica de forma generalizada desde el 1 de abril de 2022 para hacer frente a la subida de los carburantes por la guerra en Ucrania. Es la medida más cara de todas las que se han puesto en marcha este año y prorrogarla el año que viene en las mismas condiciones costaría 6.774 millones de euros de dinero público, según cálculos de la AIReF.
Varios responsables del Gobierno ya se han mostrado partidarios, al ser consultados sobre esta bonificación, de no mantener ayudas generalizadas sino de focalizarlas en los consumidores más vulnerables y en el ámbito profesional. En cualquier caso, desde Moncloa se ha adelantado que se apurarán los plazos para decidir sobre la medida monitorizando la evolución del precio del petróleo, que ya está muy por debajo del que marcaba antes del inicio de la guerra.
También la gasolina y el gasóleo se mueven ahora en niveles inferiores a los que marcaban los surtidores cuando se puso en marcha la medida.
Para ayudar a cubrir el aumento de los costes de producción en el decreto anticrisis del 29 de marzo se otorgaron ayudas a diferentes sectores, que luego fueron ampliadas a finales de junio y cuya vigencia acaba el 31 de diciembre.
El último decreto anticrisis aprobó una ayuda de un pago único de 200 euros para asalariados, autónomos y desempleados de rentas bajas. Según el Gobierno esta medida beneficiaba a 2,7 millones personas.
De momento, el Ejecutivo no ha anunciado ninguna iniciativa similar para el próximo año.
Este jueves el Congreso tendrá que convalidar el Real Decreto que incluye las medidas negociadas entre el Gobierno y las patronales bancarias para ayudar a los hipotecados que han visto cómo sus cuotas se disparaban en los últimos meses por la subida del euríbor.
Esas propuestas están incluidas en dos Códigos de Buenas Prácticas que tienen que suscribir voluntariamente las entidades bancarias (las más importantes ya lo han hecho) y beneficiarán a un millón de familias. Está previsto que entren en vigor el 1 de enero de 2023 y permiten alargar el plazo del préstamo, pedir períodos de carencia o, incluso, congelar el pago de la hipoteca durante un tiempo.
Sin embargo, no hay consenso sobre su aplicación entre los dos partidos del Gobierno. Podemos considera insuficientes las iniciativas porque dice que “dejan a muchas familias fuera” y se ha mostrado partidario de que sean de obligado cumplimiento para los bancos. La vicepresidenta Yolanda Díaz ya ha adelantado que propondrá al PSOE la congelación de las cuotas de las hipotecas, con carácter retroactivo, desde la subida del euríbor.
Además, en el ámbito de la vivienda hay dos medidas que, en principio, también finalizan el 31 de diciembre: la suspensión de los desahucios para las familias vulnerables y la limitación de las subidas anuales de los alquileres a un 2%.
La subida de los precios de los alimentos es ahora una de los principales quebraderos de cabeza para los hogares. El alza interanual de estos productos en la cesta de la compra superaba el pasado octubre el 15%, cuando la tasa de inflación estaba ya en el 7,3%.
En los últimos días, desde Moncloa se ha avanzado la intención de incluir en el tercer plan contra los efectos de la guerra medidas para contener los precios. Aunque no se han ofrecido aun detalles de qué propuestas incluiría sí se ha avanzado que no tendrá tanto que ver con rebajas fiscales como con acuerdos como los alcanzados sobre hipotecas.
La ministra de Trabajo ya promovió a la vuelta del verano la posibilidad de que las grandes empresas de la distribución, de forma voluntaria, establecieran una cesta de productos básicos a precios asequibles, pero la iniciativa no se materializó.
Este mismo lunes el Gobierno y los agentes sociales volverán a reunirse para seguir negociando los dos aspectos de la reforma de las pensiones que todavía están pendientes y que deben estar aprobados antes de que acabe el año, tal y como marca el compromiso con la UE.
El primero aborda la ampliación del periodo de cómputo para la pensión de jubilación para adaptarlo a las nuevas carreras laborales. El Ministerio de Seguridad Social ha propuesto pasar de los 25 últimos años del sistema actual, a 30, descartando las 24 peores mensualidades. Ni los sindicatos ni la patronal se han mostrado a favor de esta propuesta. Tampoco el ala de Podemos en el Ejecutivo que ya ha manifestado que la medida “endurece” el acceso a la pensión.
El segundo aspecto a reformar se refiere a la pensión y base máxima de cotización. Aquí la propuesta es subir anualmente la base máxima en la misma medida en la que lo hagan las pensiones (con la media anual del IPC) más un incremento adicional anual de 1,154 puntos durante 25 años, entre 2025 y 2050, para mejorar la sostenibilidad del sistema.
La pensión máxima también subiría, pero ese aumento no se realizaría ni en la misma medida ni al mismo tiempo que el incremento de la cotización.
El Gobierno aun no ha recibido (así lo aseguraba este miércoles la ministra de Trabajo) las conclusiones del grupo de expertos encargados de estudiar la subida del Salario Mínimo Interprofesional para el año que viene. Una vez que lo reciba tendrá que decidir cuánto se incrementa el SMI, que este 2022 se ha situado en los 1.000 euros en 14 pagas tras subir más de un 33% desde 2019.
En principio el compromiso del acuerdo de coalición era revalorizarlo hasta que alcanzara el 60% del salario medio, pero en los últimos meses Yolanda Díaz se ha mostrado partidaria de ir más allá para paliar los efectos de la inflación y acometer un alza superior por la situación económica de "máxima incertidumbre".