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El Gobierno presentará antes de que termine el año su tercer paquete de medidas frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania. En este nuevo plan se quiere introducir la cuestión de los alimentos, según ha señalado el presidente del Gobierno en conversación informal con periodistas en el Congreso durante el 44 aniversario de la Constitución.
La fórmula no está decidida, continúan los análisis pero Pedro Sánchez se ha mostrado decidido a tratar de contener el coste de esta partida de la cesta de la compra. Los alimentos en octubre subían un 15,4% respecto a hace un año, más del doble que la tasa general. Hay productos que se han encarecido más de un 20% como: azúcar, legumbres y hortalizas, leche, aceites y cereales El gasto que las familias destinan a la alimentación ha subido en 611 euros hasta octubre por culpa de la inflación. Son los hogares con menores ingresos los más afectados por esta situación.
"Habrá medidas con impacto general y otras concentradas en colectivos con mayor vulnerabilidad. No hablamos solo de bajadas de impuestos sino también de otras medidas como el acuerdo de las hipotecas", explicaba desde Bruselas este martes la vicepresidenta económica Nadia Calviño. El Gobierno pactó con el sector bancario el alivio de la letra para un millón de familias.
En el caso de los alimentos, dentro del Ejecutivo ya hubo un intento de tratar de contener los precios. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, lideró una iniciativa para topar el coste de una cesta de alimentos básicos con las grandes cadenas de supermercados. La propuesta, después de varias reuniones con el sector, no fructificó. No se conoce en qué tipo de fórmula se trabaja en esta ocasión.
La situación derivada por la guerra en Ucrania ha entrado en una "nueva fase que requiere mayor coordinación", argumentaba Calviño. "Las medidas adoptadas en España han sido las más eficaces. Hemos reducido cuatro puntos la inflación en cuatro meses gracias a la caída de la energía y nuestras medidas. Ahora tenemos que mantener el estándar de eficacia en aquellas que se mantengan más allá del 1 de enero".
El próximo 31 de diciembre también finalizan todas las rebajas fiscales asociadas al recibo de la luz: reducción al 5% del IVA, rebaja del impuesto especial y supresión del impuesto valor energía eléctrica. En total hasta octubre estas medidas han tenido un coste de 6.000 millones de menor recaudación. Los precios en este sector han dado un respiro este otoño pero la dinámica de cara al periodo de más frío en Europa se presenta diferente. La luz ha vuelto a escalar y este martes se situará en los 260 euros/MWh en el mercado mayorista.
Respecto al descuento de 20 céntimos por litro de combustible, que también expira el 31 de diciembre, fuentes del Gobierno señalan que están apurando hasta el último momento para decidir si lo prorrogan o no, porque la decisión del Ejecutivo depende del precio del barril de petróleo y la perspectiva de su evolución para los próximos meses.
Este lunes Europa y Estados Unidos empezaron a limitar el precio de las exportaciones crudo ruso y no está del todo claro cómo puede reaccionar el mercado. En este contexto existe la posibilidad de que países productores como Arabia Saudí reduzcan su producción, lo que provocaría un nuevo aumento del precio.
Desde hace meses que se baraja la idea de focalizar esta ayuda a los carburantes a los sectores más vulnerables. La situación de los combustibles no es la misma que la del mes de abril, cuando se empezó a aplicar la medida. Los precios han retrocedido a niveles del pasado mes de marzo. Si esta situación de contención se espera que permanezca, ¿cómo podría ser esta ayuda a partir de 2023? Sigue sin concretarse. El nuevo plan será "ambicioso y eficiente", se insiste.
Por su parte, es lunes los ministro de economía de la zona euro se comprometieron a retirar progresivamente las medidas generalizadas e indiscriminadas a medida que disminuyan las presiones sobre los precios de la energía. También se han emplazado a estudiar nuevas opciones como un modelo de fijación de precios de la energía de dos niveles al que podrán optar las empresas y los hogares más afectados y que incluye un paquete de servicios energéticos subvencionado que, una vez se supere, aplicará precios de mercado.