Los datos vuelven a ponernos ante el espejo de una realidad de miles españoles. Si ya lo vemos con las colas del hambre, donde también hay clase media ya. Hay que tener en cuenta que la inflación, el impacto de la guerra de Ucrania en todo tipo de facturas, está provocando que mucha gente se quede atrás. Cáritas lo pone negro sobre blanco de nuevo. La pobreza está ahí, si la queremos ver. Las diferencias en las zonas en las que se vive también son evidentes.

Seis millones de familias -el 31,5 % de los hogares en España- no cuentan con un presupuesto que garantice unas condiciones de vida dignas y se han visto obligadas a reducir los consumos de electricidad o alimentación, e incluso a dejar de comprar algunos medicamentos y productos para su mejorar su salud.

Son datos del informe "El coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo", presentado este jueves por Cáritas y la Fundación Foessa, que analiza el impacto del encarecimiento del coste de vida en los hogares más vulnerables, muchos de ellos sin haberse recuperado de los efectos de la crisis económica y social por la pandemia.

Cáritas elabora un sistema de medición de la pobreza a través de una cesta básica de bienes (vivienda, alimentación, suministros, ropa, ocio) y servicios (cuidado de menores de edad y dependientes, transporte, educación) para calcular el presupuesto mínimo necesario para llevar una vida digna, teniendo también en cuenta la composición de los hogares y el lugar donde residen.

La metodología señala como "asfixiante" la realidad del 31,5 % los hogares, que cuentan con menos del 85 % de ese presupuesto de referencia que elabora. Sería el caso de una pareja con dos hijos adolescentes que residen en Madrid y que no cuenta con 2.900 euros al mes o si viviera en Ourense con 2.400. También se incluiría en esa situación, un hogar monoparental con dos niños menores de 12 años de edad que viviera con menos de 2.200 euros en San Sebastián o con 1.300 euros en Ciudad Real. En el caso de un hogar unipersonal en Barcelona, supone vivir con menos de 1.400 euros mensuales, frente a 1.000 euros en la ciudad de Cáceres.

"Los hogares con graves dificultades para satisfacer sus necesidades básicas se encuentran, sobre todo, entre los que viven en alquiler, hogares con niños en edad de estudiar, personas con discapacidad o dependencia, con deudas, ausencia de ingresos estables y desempleo de alguno o todos los miembros activos del hogar", ha explicado Thomas Ubrich, miembro del equipo técnico de la Fundación Foessa.

El informe muestra tres grupos: el que vive por debajo del 85 % del presupuesto (31,5 %), con ingresos similares a ese presupuesto (23,7 %) y con ingresos superiores al 115 % de esa cifra (44,8 %).

Si antes de la crisis de la inflación, los hogares con ingresos inferiores a 1.500 euros mensuales destinaban 61 euros de cada 100 a vivienda, alimentación y transportes, al terminar el año estarán dedicando 80; y en el caso de las familias en peor situación que viven con menos de mil euros esa cifra será incluso superior.

"Todos nos hemos empobrecido como consumidores y tendremos menos dinero para otras cosas, pero ese 31,5 % son muchas familias y no pueden asumir las condiciones básicas", ha explicado Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas.

Siete de cada diez hogares vulnerables han renunciado o han reducido gastos en ropa y calzado

Casi la mitad recortado el presupuesto en alimentación (3 millones de hogares); una cuarta parte no puede llevar la dieta especial que necesita por cuestiones médicas.

El 18 % de hogares con niños ha dejado de usar el comedor escolar por no poder costearlo (casi medio millón de hogares con niños a cargo).

Para afrontar gastos ineludibles como luz o gas, seis de cada diez hogares han reducido el consumo de electricidad, agua o calefacción, y un 22 % ha pedido ayudas para pagar sus suministros, detalla este estudio.

Las familias con dificultades están renunciado a adquirir gafas o audífonos (una tercera parte) o a comprar algún medicamento (el 14 %) por cuestiones económicas.

Cáritas Española considera necesario que las políticas públicas aborden la pobreza y la desigualdad desde una doble perspectiva: rescatando a las familias que más están sufriendo, pero también perfeccionando el sistema de protección social a largo plazo. Peiro ha urgido a una acción pública para garantizar un nivel de vida adecuado para estas personas "a las que cuesta más llenar la nevera y pagar las facturas".

La organización católica entregó el informe al Defensor del Pueblo en una reunión este miércoles con Ángel Gabilondo, en la que abordaron la situación de las personas atendidas por Cáritas y los problemas administrativos que padecen, como las familias que viven en asentamientos.