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Del menú desplegado por el Gobierno para ayudar a los ciudadanos ante la crisis energética, no todas las medidas tienen el mismo efecto. El Estado se gastará cerca de 16.000 millones de euros este año y la autoridad independiente fiscal, la AIReF, ha sido la primera en evaluar su impacto. De todas las ayudas, las que peor se reparten entre ricos y pobres son: bonificación a los carburantes y gratuidad de los trenes de media distancia.
"En general se aprecia que las medidas adoptadas tienen un diferente grado de focalización", argumenta el análisis de la AIReF. "Por ejemplo, la reducción del IVA o de los impuestos a la electricidad tiene un impacto homogéneo por niveles de renta, en tanto que la rebaja del IVA sobre el gas o la bonificación al consumo de combustible se concentra más entre las rentas altas". Cada vez más organismos nacionales e internacionales piden que las ayudas se centren en los hogares más vulnerables y se descarten medidas generalizadas.
"Aunque la rebaja de los carburantes acabe en mayor medida en manos de los ricos, no se puede decir que sea regresiva", apunta Ángel Martínez, investigador de EsadeEcPol. "Vale que se distribuye mal, pero menos de lo que pensábamos. Para ser regresiva las rentas más altas tendrían que beneficiarse, por lo menos, cuatro veces más que las más bajas". No es el caso.
"Los resultados del análisis de la AIReF son los esperables, al menos para mí", contesta Juan Luis Jiménez, profesor titular de la universidad de las Palmas de Gran Canaria, y muy crítico desde el principio con los 20 céntimos a los carburantes. "Me reafirmo en la idea sobre los combustibles: se beneficia a los más ricos".
"Sorprende que salga tan desigualmente redistribuida esta medida. Quizá es porque son las personas en las ciudades las que más utilizan los trenes de media distancia y las personas que viven en capitales de provincia tienen rentas medias más altas", explica Martínez.
El problema con las rebajas generalizadas sin discriminación de renta es que todo el mundo se beneficia, pero la tasa de cobertura es muy elevada. "Las medidas destinadas a compensar la pérdida de renta real provocada por la inflación como el incremento del 15% del ingreso mínimo vital y de las pensiones no contributivas, la ayuda de 200 euros a hogares vulnerables o el bono social térmico son, por definición, de naturaleza focalizada", señala la AIReF.
"Las medidas de gasto afinan mucho mejor. Porque tú decides el umbral de renta. El problema es que no todas llegan a quienes reúnen los requisitos. Ni las rentras mínimas mejor diseñadas llegan al 100% de los ciudadanos que deberían cobrarlas", explica Martínez. Entonces, para llegar a todos los hogares vulnerables asumes un peaje: pagar también a las rentas altas. "El gasto es más eficiente pero el otro tipo de medidas generalizadas tiene mayor tasa de cobertura".
Al final, contando lo que se llevan los hogares con cada una de las medidas, la suma se iguala bastante.
Cada grupo termina llevándose un 10% de media del coste total del plan anticrisis. Pero cuando se tienen en cuenta los ingresos de cada uno, esas cantidades recibidas son mucho más relevantes para los más pobres.
"En términos relativos a su renta bruta, el importe destinado a los hogares de la primera decila representa un 17%, mientras que en los hogares de mayor renta este porcentaje no alcanza el 1%", indica el informe de la AIReF. "El plan ha reducido la desigualdad, claramente", concluye Martínez. "Era también lo esperable".
El Gobierno todavía no ha decidido cuáles de todas las medidas continuarán el año que viene tal cual están o se modificarán. "Estamos valorando las que están en marcha y cuáles hay que mantener. Tomaremos la decisión en noviembre", respondía la vicepresidenta Nadia Calviño este martes durante una entrevista en La Sexta. "Tenemos que apoyar a las familias y utilizar el dinero público de la manera más eficiente. Hablamos de una movilización de recursos públicos impresionante".
De momento, la única que ha pasado el corte y además está presupuestada es la gratuidad de cercanías y media distancia (que ya hemos visto beneficia más a las rentas más altas). Su coste: 700 millones de euros al año. "Hay que tener en cuenta que una medida como esta tiene otros efectos: si la gente deja de coger el coche para ir en tren, está reduciendo la demanda de combustibles y eso es bueno", apunta Martínez de EsadeEcPol. "Habrá que evaluar qué efecto ha tenido en los patrones de movilidad para tener una imagen más completa de sus efectos".
Los datos de la AIReF pueden servir al Ejecutivo para tomar decisiones. "El análisis es muy relevante porque evalúa, determina a quienes beneficia la política y permite incorporar esos datos a futuras políticas", valora positivamente Jiménez. El coste de prorrogar todas las medidas tal cual están el año que viene ascendería a más de 18.000 millones de euros, según los cálculos también de la autoridad fiscal independiente.
Solo seguir bonificando los combustibles se llevaría un tercio del coste total. Es, de lejos, la medida más cara de todas. Con su importe se podría prorrogar la rebaja del IVA de la luz, de los impuestos especiales en la electricidad y otro tipo de ayudas focalizadas. Para los expertos se trata de la ayuda que más papeletas tiene para eliminarse o cambiarse de cara a 2023. Preguntada de nuevo sobre esta cuestión, Calviño respondía: "Tenemos que ver cómo evolucionan los precios de los carburantes y ver su impacto en las cuentas. También estamos viendo qué medidas están más alineadas con nuestros objeticos a medio plazo en cuestiones medioambientales".