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"Apaga, apaga. Vamos a ver... No, sigue parada. Parece que ahora sí. Arranca... ¡Espera! Vuelve a apagar". Así podrían resumirse los últimos cuatro meses que han vivido responsables de energía de empresas del sector textil, alimentario, metal, cerámica, papelera... Las plantas de cogeneración ligadas a estas industrias, y que producen calor y electricidad al mismo tiempo quemando gas, siguen sin saber muy bien a qué atenerse. Aceptadas en la excepción ibérica desde el pasado 1 de octubre, a los quince días han tenido que volver a dar marcha atrás en su reactivación.
"La situación es insostenible", resume Ramón Váquez del Rey, abogado de FieldFisher. "Hay empresas que ya se han puesto en contacto con nosotros y están preparando la documentación para demandar al Estado". El Gobierno lleva más de dos años de retraso en actualizar el régimen retributivo de la cogeneración. "La ley fija que debería ser cada seis meses y como se prevé que las actualizaciones van a ser insuficientes, recurrirán y pedirán daños y perjuicios", explica este abogado.
Estas mini-centrales eléctricas asociadas a procesos industriales generan el 11% de la electricidad que consumimos en un año normal (este 2022 quedarán muy por debajo de ese nivel). Desde octubre pueden elegir a qué régimen retributivo se apuntan si deciden encenderse: o al tope al gas o se quedan como están. "Es una elección a ciegas", sostiene Javier Rodríguez, director general de la asociación ACOGEN.
"El Gobierno nos presentó una propuesta de retribución en agosto, pero no está publicada en el BOE. La excepción ibérica ha dejado de funcionar para muchas plantas porque se vincula a los precios del gas en España cuando los contratos que tiene la industria están ligados al mercado holandés (TTF), que no ha caído tanto", argumenta Rodríguez.
El Mibgas (índice del gas español) ha caído por debajo de los 40 euros el MWh, mientras la referencia holandesa supera los 100 euros MWh.
Algunas empresas están tratando de cambiar sus contratos a la referencia española, que desde hace unos meses se sitúa como una opción más barata, pero resulta complicado. "Cambiar un contrato y vincularlo al Mibgas no es sencillo. No hay tantas comercializadoras y son contratos con penalizaciones si cancelas", explica Alberto Echavarría, secretario general de la patronal azulejera ASCER. Además, lo normal es que el MIbgas español comience a subir en cuando empiece el frío este invierno. Cambiar el contrato tampoco garantizaría estar mucho mejor. "No estaríamos en esta situación si el Gobierno no incumpliera sistemáticamente la ley", insiste Echavarría.
La "insostenible" situación que vive el sector se refleja en esta gráfica. La cogeneración paró en seco cuando comenzó a aplicarse la excepción ibérica en junio y sus plantas quedaron fuera del mecanismo de compensación, a pesar de utilizar también gas. Como las cuentas no salían, de las 600 plantas cerca de 400 decidieron parar.
Tras la rectificación del Gobierno en septiembre se les permitió adherirse a la excepción ibérica a partir del 1 de octubre. "La mitad de las plantas que estaban paradas se apuntaron al mecanismo", explica Rodríguez de ACOGEN. "Pero después de dos semanas están parando otra vez por la caída del precio del gas en España". Meses queriendo entrar en el tope al gas y resulta que cuando lo consiguen el precio que determina la compensación del gas se hunde.
"Es un desastre, aunque nosotros siempre hemos defendido que incluirnos en el tope al gas no solucionaba los problemas del sector azulejero", sostiene Echavarría. "Se ha tratado de solucionar algo arreglando algunos flecos. El tope al gas aplicará hasta mayo de 2023 y lo que queremos es un acuerdo marco que nos permita operar sin estos sustos. Si el Gobierno cumpliera la ley no tendríamos este problema".
En el sector nadie sabe explicar por qué se está retrasando tanto esta actualización. "Nos dijeron en septiembre que tenían 1.000 millones de euros adicionales, pero es un incumplimiento tras otro", explica Echavarría. Las empresas están esperando que se publiquen estas condiciones para decidir si demandan o no al Estado por daños y perjuicios. "Vamos a ver lo que ofrece y decidiremos", responden fuentes del sector.