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La Seguridad Social prevé ingresar el próximo año 152.075 millones de euros en cotizaciones sociales, un 8,4% por encima de la liquidación prevista para 2022 (11.814 millones de euros más). Más de un tercio del incremento de los ingresos por cotizaciones previsto para 2023 en los Presupuestos de la Seguridad Social se debe al alza de las bases de cotización (máximas y mínimas). La medida se empezará a notar en las nóminas de los empleados y en el pago de cuotas empresariales a la Seguridad Social a partir del 1 de enero de 2023, cuando se apliquen las nuevas bases máximas de cotización fijadas por los Presupuestos Generales del Estado.
De este incremento del 8,4%, un total de 3,8 puntos se deben a la subida de la base media de cotización proyectada para 2023 o, lo que es lo mismo, la subida de las bases explicará algo más de 5.000 millones de euros del conjunto de 11.814 millones de euros en que aumentarán los ingresos por cuotas en el próximo año respecto a la cifra de liquidación prevista para 2022.
Las empresas y los trabajadores desde los primeros días de enero, y durante todo el 2023, verán actualizadas sus bases máximas de cotización en sus nóminas. Un incremento en el que las empresas asumen el 80% de la cotización y el trabajador el 20% restante.
La base máxima se situará en los 53.944,6 euros al año a partir del próximo ejercicio. Los asalariados con nóminas de más de 54.000 euros pagarán hasta 353 euros más al año a la Seguridad Social y el empresario costeará otros 1.615 euros.
La empresa deberá aportar para para casi dos millones de trabajadores que ganen más de 54.000 euros un 31,50% de cotizaciones sociales, lo que supone 1.346,06 euros al año; mientras que el trabajador por su parte tendrá que pagar 299,12 euros anuales, es decir, el 7%.
La hucha de las pensiones (MEI), tendrá para las empresas un coste 269,73 euros anuales (0,50%) y para el trabajador 53,95 euros . Con todo ello, la subida de las bases máximas supone un incremento para las empresas por cada trabajador de 1.600 euros al año. En el caso de los trabajadores el incremento resultará superior a 350 euros.
La base máxima de cotización de la Seguridad Social subirá un 8,6% el próximo año, con lo que pasará de los 4.139,40 euros mensuales actuales a 4.495 euros (54.000 euros anuales), según el incremento recogido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 presentado ayer en el Congreso de los Diputados.
De los 3,8 puntos que aportará al crecimiento de los ingresos el aumento medio de la base de cotización, 0,4 puntos responde al alza de las bases máximas en un 8,6% para 2023, y el resto tiene en cuenta el aumento que podrían experimentar las bases mínimas y "algunos elementos vinculados a la subida del salario mínimo interprofesional". El SMI para 2023 se fijará en diciembre y su evolución coincide normalmente con la base mínima.
Por su parte, la puesta en marcha del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que establece una sobrecotización del 0,6% a partir de 2023 y durante un plazo de diez años, aportará algo más de dos puntos a la subida de los ingresos por cotizaciones sociales, en tanto que el crecimiento de la afiliación al sistema contribuirá con 2,6 puntos a la mayor recaudación por cuotas.
El ministro Escrivá ha subrayado que las bases máximas tienen que subir al menos lo mismo que las pensiones, que se revalorizan con la inflación media interanual de noviembre. "Siempre se ha subido en términos reales. No estamos sorprendiendo a nadie", ha dicho el ministro, que ha desligado la subida de las bases máximas de 2023 en un 8,6% de la negociación en el diálogo social para acordar el ritmo adicional al que deberían subir la bases máximas y la pensión máxima a lo largo de los próximos 25 ó 30 años. Con esta senda, lo que se pretende, ha explicado el ministro, es introducir "predictibilidad y certidumbre" a cómo evolucionarán las bases máximas, a diferencia de lo sucedido en otros ejercicios, donde las empresas se encontraban con alzas del 5% en los Presupuestos.
"Queremos romper con ese pasado de sorpresas continuadas en las bases máximas, queremos que esté parametrizado en todos sus elementos. Aquí lo que falta es una regla y eso es lo que estamos tratando de corregir. Antes de finalice año tendremos pactada esa senda a largo plazo, pero eso no afecta significativamente a lo que hagamos en un año, son cosas disociadas. En el diálogo social estamos hablando de a largo plazo", ha apuntado.
Así, el ministro es partidario de que esa senda progresiva de subida de la base máxima, que irá asociada a un alza de la pensión máxima aunque no al mismo ritmo, tenga en cuenta lo que subirá la inflación media anual (lo que suben las pensiones).
En un ejercicio sin desviaciones significativas de precios esto se acercará más al 2% de objetivo de inflación del Banco Central Europeo (BCE), a lo que habrá que sumar el ritmo adicional de subida de la base máxima que se pacte en el diálogo social.
El ministro ha recordado que en 2020 y 2021 las bases máximas no subieron y que en 2022 lo hicieron en un 1,7%, mientras que en 2013 y 2014, habiendo deflación y una caída de los beneficios empresariales, las bases máximas subieron un 5% durante dos ejercicios consecutivos. "Ahí no se dijo nada", ha señalado Escrivá.
Ha recordado, además, que el contexto actual es muy distinto al de 2020 y 2021, años de pandemia, donde el objetivo era mantener el empleo y el tejido productivo, razón por la que se aplicaron reducciones "extraordinarias" de cotizaciones a las empresas que hicieron perder a la Seguridad Social del orden de 15.000 millones de euros en ingresos. "Pero estamos en un entorno muy distinto (...) Me parece injusto y muy selectivo como se manejan estas cosas", ha afirmado Escrivá.
El titular de Seguridad Social ha añadido además que, si quiere debatir sobre los costes laborales en España, hay que hacerlo "con números". En este asunto, ha explicado, hay dos visiones: la de los costes de las empresas con orientación exportadora y la de aquellas que se dedican básicamente a vender a nivel interno.
En el primer caso, ha dicho, los salarios y costes laborales están creciendo por debajo de los países competidores, por lo que las empresas españolas "no están perdiendo competitividad". En el segundo, la de empresas que producen y venden en el mercado interior, "los datos parciales que hay" es que están manteniendo y ampliando en algunos casos sus márgenes, mientras los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo.
El repunte de los ingresos permitirá a la Seguridad Social cerrar 2022 con un déficit del 0,5% del PIB, el mismo porcentaje que se proyecta para 2023, ha explicado el secretario de Estado.
Preguntados por las razones que impedirán a la Seguridad Social alcanzar el equilibrio presupuestario como estaba previsto que sucediera a final de legislatura, Escrivá ha indicado que el motivo principal es la guerra en Ucrania y sus efectos sobre los precios, lo que ha provocado que "se retrase" la senda de convergencia hacia la estabilidad presupuestaria. De hecho, ha señalado que el sistema se habría situado en superávit si la inflación de este año hubiera sido del 2,5%.
Con respecto al MEI, el ministro ha reiterado que existen discrepancias con Bruselas en torno al diseño del mismo, pero sólo a "niveles técnicos intermedios". "Son reflexiones de los técnicos y ya veremos si se mantienen a niveles más altos de la Comisión", ha añadido.
Así, Escrivá tiene previsto abordar este asunto con representantes "al más alto nivel" en el seno de la Comisión Europea. La discrepancia está, ha explicado, en que, a nivel técnico, se prefiere que la sobrecotización del MEI se mantenga hasta 2050, es decir, que sea una regla automática, mientras que el Gobierno prefiere que dure diez años y luego se evalúe, lo que da mayor flexibilidad a la hora de elegir si se mantiene ese instrumento o se cambia por otro (regla semiautomática). De momento, con la puesta en marcha del MEI, el sistema ingresará en 2023 casi 3.000 millones de euros en el Fondo de Reserva de las pensiones, su primera dotación desde 2013.
CEOE en un duro comunicado explicó que aumentar las cotizaciones sociales y depositar una carga “aún mayor” sobre las empresas es un “grave error”, ya que “tendrá efectos nocivos sobre el empleo en un contexto de deterioro económico e incertidumbre generalizada”. “Este nuevo golpe al tejido productivo en un momento en el que las arcas del Estado presentan una recaudación récord, genera de nuevo desconfianza en las empresas e inseguridad jurídica y supone un innecesario obstáculo a la competitividad y al crecimiento económico”
Cepyme ha mostrado su “rechazo absoluto” ante esta subida unilateral sin la consulta del diálogo social y en un contexto de “máxima incertidumbre y fuerte desaceleración económica”. “Estas alzas afectan especialmente a las pymes, cuyos costes laborales han registrado crecimientos en los últimos años de más del 6% anual, perdiendo competitividad con nuestros países vecinos”, han explicado en un comunicado.