El Gobierno tiene previsto implantar un nuevo sistema de peajes en la red de autopistas y autovías a partir de enero de 2024 como parte del compromiso acordado con la Comisión Europea. Esta nueva medida supondrá la implantación de cinco nuevas carreteras de pago y la tarificación de las vías de alta capacidad, para lo que el Gobierno ha recibido 70.000 millones de euros de los fondos europeos. Sin embargo, no todos los vehículos deberán pagar estos peajes. ‘

A pesar de la pronta desaprobación de la opinión pública por el encarecimiento de los peajes que afectan a sus desplazamientos, el máximo responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, aseguró que esta medida no afectará a todos por igual y que habrá vehículos que queden exentos de los desembolsos.

Cuando estos nuevos peajes empiecen a funcionar, los tres grupos que no deberán pagar los peajes de las autovías serán aquellos que necesiten atravesarla para ir a trabajar, los que lo hagan por motivos de formación (docentes y estudiantes) y los que lo hagan por motivos de salud o sanitarios.

El País Vasco, que es el único que ya ha empezado a cobrar desde principios de año por el uso de una de su autovías (la Deskarga, A-636) en este caso deja exentos de pagar a ciertos tipos de vehículos: las motocicletas, los vehículos de conservación y los de emergencias. A finales de este año incluirán cinco nuevas vías sobre la que pesará el pago del viaje, estas son la BI-625 entre Basauri y Llodio, la N-240 que une el Valle de Arratia y el puerto de Barazar, un tramo de la N-636, el tramo entre Basurto y Haya de la A-8 y el Corredor del Txoreirri. Tras la inclusión de las mismas solo se tarificará la circulación de los vehículos pesados.

La razón principal por la que esta medida ha sido planteada responde a un caso de crisis medioambiental. Las carreteras son focos de contaminación debido al vertido de productos accidental, el ruido o los productos químicos utilizados para la construcción de estas que filtran al suelo, no obstante, este impacto en el entorno se puede reducir con el uso de materiales reciclados y medidas o diseños sostenibles en los vehículos que las transitan.  “El objetivo de esta medida es internalizar los costes externos del transporte por carretera, creando a tal fin incentivos para lograr una mayor eficiencia en este sector y propiciando una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero», alega el Gobierno.

Otra de las razones por las que ha nacido esta propuesta también ha sido el déficit en la conservación de carreteras ya que España dispone de una red muy extensa que provoca costes de conservación “crecientes” y difíciles de “asumir de manera directa por los recursos presupuestarios”.

El Gobierno anticipó que el mecanismo de pago varía según lo que contamine cada persona, es decir, a más contaminación mayor es el precio a pagar. “Todo tipo de impuestos o pagos relacionados con la movilidad, como la introducción de peajes de carretera y la revisión de las figuras tributarias que gravan la matriculación de vehículos”, apunta. Además, añade que este sistema puede ser “escalable y progresivo”, pues comenzará aplicándose en autovías pero más adelante podría extenderse a otras redes donde la carretera pueda ser de peaje.