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Los más de tres millones de empleados públicos recibirán antes de que termine el año una paga de más de 500 euros de media con la que no contaban y que puede llegar hasta los 900 euros según su grupo profesional. Esto se debe a que el Gobierno ha aceptado actualizar la subida salarial del 2% que había aprobado para este año ante la escalada de la inflación, que se sitúa en el 9%, según los últimos datos del mes de septiembre.
Así, para compensarles un poco por la pérdida de poder adquisitivo que están experimentando, el Ministerio de Hacienda ha accedido a aprobar un incremento extra del 1,5% con efecto retroactivo desde el 1 de enero, que se ha comprometido a abonarles a finales de 2022, según explicaron a este periódico fuentes sindicales. El Gobierno, CCOO y UGT han acordado una subida salarial para los funcionarios del 9,5%, repartida entre 2022 y 2024, que se ha encontrado con el rechazo de CSIF, también presente en la mesa de negociación, por considerarla insuficiente para hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos.
La cartera de María Jesús Montero explica que ese incremento adicional se consolida y, por lo tanto, el aumento de 2023 se aplicará sobre una base mayor. En 2023, las retribuciones públicas se elevarán un 2,5% y se podrán incrementar hasta en un punto adicional en función de variables vinculadas al IPC y al PIB nominal. Los funcionarios recibirán un 0,5% más si la suma del IPC Armonizado de 2022 y del IPC Armonizado adelantado de septiembre de 2023 supera el 6%.
La otra variable, también del 0,5%, se aplicará si el PIB nominal iguala o supera el estimado en el cuadro macroeconómico que acompaña a los PGE de 2023. En 2024, los sueldos públicos subirán otro 2%, con un 0,5% adicional en función de la variación del IPC armonizado.
Hacienda precisa que el incremento salarial fijo durante el período 2022-2024 es de un 8%, con posibilidad de subir hasta el 9,5% en función de diversas variables contempladas en las cláusulas de revisión. Además, recuerda que la revalorización salarial podría alcanzar un 9,8%, ya que el incremento salarial de cada ejercicio se consolida y, por tanto, el aumento de cada año se realiza sobre el sueldo incrementado del ejercicio anterior".
La paguilla dependerá del grupo profesional, que cuenta con sus propios salarios básicos. En este sentido, cabe recordar que se clasifican en cuatro grandes grupos: Grupo A -Subgrupo A1 y A2-, Grupo B y Grupo C-Subgrupo C1 y C2-. Por último, también se incluye el Grupo E (Agrupación Profesional).
El salario medio de un empleado público se sitúa en los 2.884 euros (en 12 pagas), según recoge el INE con los últimos datos disponibles de 2020 extraídos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Supone esto que los funcionarios tienen un sueldo de más de 34.600 euros brutos anuales, es decir, 2,5 veces más que el salario mínimo interprofesional, situado en los 14.000 euros, e incluso previsiblemente superarán los 3.100 euros al mes en el 2024. Pese a esta nueva revalorización, los trabajadores del sector público volverán a perder por segundo año consecutivo poder adquisitivo, nada más y nada menos que unos 5 puntos porcentuales en el 2022 (si la inflación terminara el año en el 8,5%), que se suma a esos casi 12 puntos menos de capacidad de compra que arrastran desde el año 2010
A pesar de este importante deterioro de su poder adquisitivo, la remuneración media de los trabajadores públicos se ha incrementado desde el 2010 mucho más que la del sector privado —un 15,3 %, frente a un 9,3 %— y tienen un salario mucho más elevado que los del sector privado. Mientras las Administraciones públicas pagan una media de 2.884 euros al mes a sus funcionarios, las empresas abonan 1.818 euros a sus trabajadores. Supone más de 1.000 euros al mes menos en el sector privado, una brecha que además se ha ido incrementando en los últimos años hasta tocar máximos: asciende ya al 37 %.
Más estudios superiores
Las razones de esta importante diferencia se sustentan en que hay una mayor proporción de empleados públicos con estudios superiores, tienen tasas de antigüedad más elevadas y un menor peso del trabajo a tiempo parcial, según explica el propio INE. Esto también determina que mientras apenas un 21,2 % de los asalariados del sector privado cobran más de 2.295 euros al mes, este porcentaje se eleva hasta el 63,7 % en la Administración.