La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció este jueves que el Gobierno trabaja ya abiertamente en un impuesto especial a las grandes fortunas, que será temporal y entrará en vigor, previsiblemente, en 2023. Esta figura impositiva, que al igual que los impuestos a la banca y las energéticas será temporal, ha sido impulsada por el Ejecutivo, en palabras de Montero, "para pedir un esfuerzo a los que más tienen en estos momento de dificultad" y ayudar así "a las clases medias trabajadoras". La cartera de Hacienda aún no ha consensuado una fórmula para aplicar el tributo y no se han concretado los detalles del gravamen.
Montero no concretó a quién afectará el tributo a las grandes fortunas, con lo que se desconoce, por el momento, el número de contribuyentes que deberán gravar la tasa. La ministra se limitó a explicar que afectará a "personas millonarias", que no superan "el 1% de la ciudadanía del país". No son las únicas dudas que, falta de concreción, suscita el impuesto. José Luis Cuena de Cuena y Gómez Aguilera Abogados y Asesores Tributarios responde a algunas de estas dudas.
Todavía es pronto para poder hablar de la legalidad del nuevo impuesto. De momento solo se ha anunciado el mismo sin dar ningún detalle exacto de qué concretamente es lo que va a gravar. Habrá que esperar a que publiquen al menos un borrador para abordar el tema.
No obstante, lo que está claro es que no puede darse una doble imposición por el patrimonio que tienen los ciudadanos. Si lo que pretende gravarse es esto mismo, tendrán que descontar, de algún modo, lo que los ciudadanos hayan pagado en aquellas comunidades que siguen recaudando por el Impuesto sobre el Patrimonio.
La ministra Maria Jesús Montero ha señalado que afectará como máximo al 1% de la población. Se prevé que sean las grandes fortunas las que tengan que hacer frente a este nuevo impuesto que están estudiando.
Según el informe Wealth Report de la consultora británica Knight Frank para pertenecer a ese 1% de la población en España estamos hablando de que hay que tener 1,2 millones de euros de patrimonio.
A día de hoy se desconoce totalmente las diferencias que pueden tener. Lo que está claro es que el fin que busca este impuesto temporal, que quieren implantar en el próximo año 2023, es gravar precisamente los grandes patrimonios y así evitar también la competencia fiscal que tienen las comunidades autónomas.
La diferencia parece que ahora va a estar más bien en quién va a recaudar sobre el patrimonio de los ciudadanos finalmente: si será la Administración Estatal a través de este nuevo impuesto o la autonómica a través del Impuesto sobre Patrimonio.
Lo natural es que afecte a los ciudadanos residentes fiscales en España, por lo que todo extranjero que tenga establecida su residencia en España podrá verse afectado por este nuevo impuesto al igual que cualquier ciudadano español.