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El 1 de septiembre entra en vigor un nuevo impuesto, casi un mes después de la aplicación de las medidas de ahorro energético del Gobierno. Este responde a una reforma que el Congreso de los Diputados aprobó el 8 de julio como parte de la Ley 14/2022 sobre Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En esta, se incluye el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI), lo que para asociaciones como AEFYT (Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías) encarecerá el precio de los equipos de refrigeración y aire acondicionado hasta un 10%.
Concretamente, el impuesto grava los gases fluorados utilizados en equipos de refrigeración y altamente contaminantes. Esta familia de gases --los hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarburos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6)-- tienen un elevado potencial de calentamiento atmosférico y se crean artificialmente para procesos de refrigeración y climatización principalmente, pero también para la extinción de incendios, aerosoles y espumas de aislamiento térmico y eléctrico.
La reforma supone una rebaja de tipos, que pasan del 2% al 1,5% a aplicar al potencial de calentamiento atmosférico (PCA) que corresponda cada gas, con un máximo de 100 euros por kilo. En todo caso, se aplicará ese máximo de 100 euros por kilo cuando no se conozca su PCA, salvo prueba contraria.
En cuanto al hecho imponible, deja de gravar la venta o entrega de los gases al consumidor final, pasando a gravar directamente la fabricación, importación, adquisición intracomunitaria o la tenencia irregular de gases fluorados, por lo que se verán afectados sectores como la automoción, hostelería, supermercados, industria alimentaria, y grandes almacenes que vendan aparatos de calor y frío, según explica el portal Idealista.
Asociaciones como AEFYT (Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías) han señalado que la reforma supondrá un encarecimiento en el precio de los equipos de refrigeración y aire acondicionado entre el 5 y el 10%. Tanto esta como otra veintena de asociaciones presentaron alegaciones al denunciar que "repercutiría en diferentes sectores de la economía, pero también en los hogares o el pequeño comercio".
También la oposición criticó la aprobación de la reforma. Sin embargo, estas se centraron en que el PSOE introdujo la misma en otra proposición de ley completamente ajena al ámbito ambiental o tributario, la Ley de Transparencia con la que se pretendía obligar a las administraciones públicas a publicar información estadística sobre la participación de pymes en la contratación pública.
Aun así, la proposición fue con los votos del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana y el PNV, mientras que el PP y Foro Asturias votaron en contra y Vox se abstuvo, en protesta por lo que consideraron una "artimaña" del principal grupo del Gobierno. Este argumentó que se trata de "dar cumplimiento" a los plazos del Plan de Recuperación con las instituciones europeas.
La reforma en cuestión completa la regulación sobre la base imponible, que se limitaba al peso de los gases, para catalogar la base imponible de aparatos, productos o equipos que contengan gases pero no haya datos necesarios para determinar la base imponible y contempla exenciones. Concretamente, queda exento el uso como materia prima para su completa transformación química y para su destrucción, su utilización en equipos militares o a incorporar en buques o aeronaves de navegación marítima o aérea internacional (excluida la privada de recreo).
Finalmente, de cara a la adaptación de los sectores afectados por las nuevas exigencias, hasta el 31 de diciembre de 2023 quedará exenta la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de hexafluoruro de azufre destinado a la fabricación de productos eléctricos, y un año más, hasta el 31 de diciembre de 2024, la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de los gases que se destinen a inhaladores dosificadores para el suministro de ingredientes farmacéuticos.