El Gobierno propone un nuevo impuesto a la banca y a las energéticas en base a sus beneficios

El Gobierno les pidió que arrimaran el hombro cuando los precios de los combustibles se dispararon. Ahora el Ejecutivo ha presentado dos nuevos impuestos que gravarán los beneficios que las empresas energéticas y la banca que se han hinchado a ganar dinero, mientras la crisis hace mella en los bolsillos de todos. PSOE y Podemos proponen gravar a partir de 2023 a las entidades financieras y a las energéticas, que facturen más de 1.000 millones de euros al año.

La proposición de Ley estima un impuesto a la banca del 4,8% de los ingresos , mientras que para las empresas energéticas será de un 1,2% de las ventas totales.

Estas empresas cotizadas en Bolsa están presentando en estas semanas sus beneficios que “son extraordinarios” y “causa cierto pudor” en contraste con las dificultades que la alta inflación afecta a la mayoría de la población, aseguró la ministra de Trabajo que recordó las ayudas millonarias que recibió la banca en 2008 de las que no devolvió ni un euro.

El Ejecutivo ha presentado este jueves en el Congreso la proposición de ley, dando inicio a la tramitación parlamentaria de los nuevos impuestos, temporales y extraordinarios, para las grandes entidades financieras y las grandes empresas energéticas, tanto eléctricas como gasistas y petroleras.

El nuevo impuesto al sector energético estará en vigor durante 2023 y 2024 y buscará recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023.

De su lado, el impuesto "excepcional y temporal" dirigido a "las grandes entidades financieras que ya han empezado a beneficiarse de la subida de tipos de interés", según ha argumentado el Gobierno, tendrá una duración de dos años --sobre los ejercicios 2022 y 2023-- y buscará recaudar 1.500 millones cada año.

Sobre la posibilidad de que las empresas trasladen el coste del impuesto a los clientes, el Gobierno ha establecido en la proposición una sanción del 150% del importe que se traslade al usuario. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) sería el órgano encargado de velar de que las empresas no repercutan el gravamen sobre los clientes en el caso de las energéticas; para los bancos, la CNMC deberá colaborar con el Banco de España.

Por otro lado, el Gobierno no contabilizará los resultados ni la facturación de las filiales de las empresas en el exterior, al tiempo que ha establecido que el gasto en este impuesto no es deducible a efectos del impuesto de Sociedades.

Además, en el caso de las energéticas, cuando el negocio energético no alcance el 50% de la facturación, el Ejecutivo prevé que se excluya al grupo económico del pago de la prestación patrimonial.