14.959 expedientes de inspección son los que se han llevado a cabo a partir de denuncias de los ciudadanos, los denominados chivatazos, según La Voz de Galicia. El resultado de estos fue la recaudación de 140 millones de euros en 2018, una cifra que puede seguir aumentando en 2019 por la resolución de expedientes aún abiertos. Estas denuncias tributarias aumentaron en 115 respecto al año anterior, pero en unos 4.500 expedientes comparados con los datos de 2013.

El perfil actual del denunciante es, en su mayoría, socios empresariales que se separan de forma problemática, comercios que compiten o matrimonios que se rompen y un miembro de la pareja decide denunciar las prácticas supuestamente ilegales del otro como forma de venganza, explica Cruzado.

Durante el año pasado Hacienda recaudó más de 15.000 millones de euros por sus actuaciones en la lucha contra el fraude, un 2% más que el año anterior y un 53,4% más que hace diez años. Este incremento en la recaudación se debe a la mejor eficacia en la búsqueda de fondos defraudados, que van desde el seguimiento del comportamiento tributario de los patrimonios relevantes (un colectivo de 170.000 contribuyentes), la limitación a 1.000 euros en el importe de los pagos en efectivo entre empresarios o el control del abuso de formas societarias, entre muchas otras.

Hasta el año 1988 las denuncias realizadas por los contribuyentes eran remuneradas. Si gracias al chivatazo del ciudadano la Agencia Tributaria encontraba fraude fiscal, éste se llevaba un porcentaje de la sanción que se le impusiera al defraudador. En opinión de Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha), este mecanismo conllevaba situaciones incluso de extorsión porque había personas que se dedicaban a investigar en profundidad a empresas y ciudadanos: "La remuneración choca con el deber de secreto de los funcionarios". Por ello, están en contra de la propuesta de los Inspectores de Hacienda que, por su parte, consideran que bonificar de alguna forma a los ciudadanos que denuncien delitos fiscales podría hacer aumentar la recaudación y descubrir patrimonios en el exterior no declarados.