Los padres y madres que reclamaron ante el TS el IRPF por maternidad y paternidad percibirán "en tres o cuatro meses", por parte del Ministerio de Hacienda, la cantidad correspondiente a las bajas de la mismas. Se calcula que esta medida favorecerá a unos 8.000 progenitores a los que la justicia se lo había denegado, entre ellos los miembros de la Asociación de Afectadas IRPF maternidad, conocidos por ser los precursores en reclamar esta devolución.

Unidades familiares que recurrieron la devolución del IRPF, en un primer paso, ante la Agencia Tributaria y, en segundo lugar, ante los tribunales. En ambos casos recibieron la misma respuesta: estas ayudas públicas deben tributar al igual que el resto de prestaciones.

Polémica que se inició en octubre de 2018, cuando el Tribunal Supremo (TS) dictó una sentencia declarando exentas de tributación las prestaciones de las 16 semanas de baja de maternidad a cargo de la Seguridad Social, lo que obligó a Hacienda a cambiar el criterio.

La decisión no cambió, en este caso, la suerte de estas mujeres 'precursoras', ya que tanto la vía administrativa como la justicia considera que si ya hay una decisión firme o se ha juzgado una cosa y ha pasado el plazo para recurrir, no se puede volver a reclamar por lo mismo.

Ante ese hecho, la entidad decidió concertar una cita con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en representación de los progenitores afectados por la misma para intentar atajar algún tipo de solución al respecto.

De esta manera, este miércoles tras reunirse con la misma ha indicado que la decisión de Hacienda es que las afectadas "que no podían acceder a esta devolución por problemas administrativos puedan iniciar, ahora, la tramitación como el resto de ciudadanos", ha asegurado Montero.

También ha indicado que ya se han dado instrucciones a todas las delegaciones provinciales de la Agencia Tributaria para que, desde ahora, estos casos sean admitidos como cualquier otro y para que aquellos que habían sido denegados por esta circunstancias continúen su camino administrativo.

"Es una cuestión de justicia", ha señalado la ministra durante su intervención ante los medios, antes de explicar que los alrededor de 8.000 progenitores que se beneficiarán de esta nueva situación supondrán entre 10 y 11,5 millones de euros adicionales, que se suman a los 960 millones que ya han recuperado unas 734.000 madres y padres en los últimos meses.

Preguntada por cómo se ha podido realizar este cambio, cuando los impedimentos eran judiciales, Montero ha explicado que se consultó con la Abogacía del Estado, que determinó que la redacción del decreto ley del Gobierno sobre esta materia producía efectos desde su entrada en vigor, pero también para ejercicios anteriores no prescritos, de manera que "se entiende habilitado el derecho a recibir la devolución de las madres y padres que contaban con resoluciones y sentencias firmes en contra".