Aparcar el coche durante varios días en el mismo sitio y sin moverlo puede parecer una solución inocua y cómoda para aquellos conductores que no necesitan utilizar su vehículo con frecuencia. Sin embargo, el riesgo de sanción por parte de las autoridades, o incluso la retirada del coche por la grúa, es real y depende de las normativas municipales que cada ayuntamiento tenga establecidas. Por eso es importante saber cómo funciona esta normativa en distintas ciudades de nuestro país.

La Dirección General de Tráfico (DGT) no impone un límite general sobre el tiempo que un coche puede permanecer estacionado en la vía pública sin moverse. En cambio, la normativa sobre el tiempo máximo de estacionamiento es responsabilidad de cada ayuntamiento. De esta manera, el Reglamento General de Circulación delega a los municipios la autoridad para establecer dichos límites, basándose en las necesidades de cada localidad y en el artículo 93, que permite "adoptar medidas para evitar el entorpecimiento del tráfico, como limitaciones horarias o retirada de vehículos".

Este vacío en la regulación nacional genera diferencias notables entre las ciudades que componen nuestra geografía. Eso sí, en líneas generales se puede decir que las ciudades grandes, con más problemas de circulación y congestión, tienden a imponer límites más estrictos. 

Además, hay que tener en cuenta que estos límites no son estrictos, sino que pueden modificarse temporalmente debido a cambios de señalización, eventos especiales, obras o mudanzas. En estos casos, la normativa municipal exige que haya un aviso en la vía pública que sea visible al menos con 48 horas de antelación, dando así margen al propietario para reaccionar y mover el vehículo antes de su retirado. No obstante, es responsabilidad del dueño del vehículo estar atento a cualquier cambio en la señalización o en las ordenanzas locales para evitar la infracción.

Una vez superado el tiempo máximo de estacionamiento en una misma plaza, los vehículos pueden ser catalogados como “abandonados”, especialmente si presentan señales de desuso, como polvo acumulado, falta de seguro o de una ITV vigente. En estos casos, las autoridades colocan una notificación visible en el parabrisas del vehículo, generalmente en forma de pegatina, alertando al propietario de la necesidad de moverlo en un plazo determinado, que suele ser de 48 horas. 

Si este aviso cae en saco roto, y el coche sigue en el mismo sitio transcurrido el plazo, el servicio de grúa municipal queda autorizado para trasladar el vehículo al depósito, con el consecuente coste de la sanción y de la retirada a cargo del propietario. La multa puede variar en función de cada municipio y, en general, oscila entre 80 y 200 euros, siendo considerada una infracción leve que no conlleva la pérdida de puntos en el carnet de conducir. Además de la sanción, el propietario también tiene que asumir los costes del servicio de la grúa y el almacenaje en el depósito municipal, que hacen que el coste de la ‘tontería’ se dispare significativamente.

Además de los riesgos legales, la permanencia prolongada de vehículos estacionados en las calles genera un lógico debate sobre la equidad en el uso del espacio público. En ciudades densamente pobladas, cada plaza de aparcamiento es un recurso limitado y preciado. Por eso, dejar un coche estacionado y sin moverlo durante varios días en zonas de alta demanda puede ser un uso abusivo del espacio compartido, lo que impulsa a los ayuntamientos a implementar normas que regulen el tiempo de estacionamiento.