El cantante y productor Nacho Cano, y otros tres miembros de su equipo, declararán este lunes como investigados en el caso de los becarios de su musical 'Malinche' por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores y los derechos de los ciudadanos extranjeros. El empresario habría traído al elenco para trabajar en su espectáculo simulando que era una formación, según la denuncia de una de las bailarinas.

La titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid, la magistrada María Inmaculada Iglesias Sánchez, citó a Cano el pasado mes de diciembre aunque pospuso la declaración hasta este lunes por "necesidades de agenda", según el escrito judicial al que tuvo acceso Europa Press.

Cano está siendo investigado por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros por presuntamente contratar a becarios mexicanos en su musical 'Malinche' en situación irregular.

La pasada semana han declarado como testigos en el juzgado madrileño los policías responsables del atestado que se abrió tras la denuncia de la becaria mexicana trabajadora en el musical.

   En el caso del policía responsable y el secretario del atestado declararon que existía una relación y "explotación" laboral, mientras que los abogados de Cano han calificado el proceso judicial como "esperpento".

 "La declaración de los dos agentes de policía, del inspector y del secretario, ha sido contundente, han dicho que había una relación laboral. El debate jurídico es establecer si una relación de un becario es laboral o no es laboral. Eso lo aclaró el Real Decreto aprobado el 1 de enero del 2024. El becario es una relación similar a la laboral y por consiguiente genera unas condiciones y unos derechos laborales. Han declarado que las jornadas eran interminables, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, muchos días. Había explotación laboral y que probablemente el delito contra los extranjeros también se cumple por la violación de la frontera", explicaba el letrado Alfredo Arrién, defensa de la denunciante Lesly Ochoa, en declaraciones a medios de comunicación a las puertas del juzgado.

   Por su parte, José Luis González-Montes y Elena Fernández, abogados de Nacho Cano, manifestaron que el procedimiento penal es "un esperpento" y reiteraron que durante la declaración se ha "cercenado" su derecho de defensa al señalar sus preguntas como "impertinentes".

  "Seguimos con el esperpento de procedimiento penal que estamos viviendo (...) El atestado policial está plagado de irregularidades. Ya se presentó en papel para alterar el reparto aleatorio que debe ser debido a través de Internet. Luego, el atestado en su contenido contiene todo tipo de irregularidades e inducciones a la existencia, que no hay, de indicios de delito. Primero, respecto de la entrada como estudiante de los becados, que ignora e invoca una normativa inexistente ya del año 2009. Se habla en todo momento de retribuciones salariales de empleados y trabajadores del musical 'Malinche' con mantenimiento permanente de trabajos en el musical, cosa que es absolutamente falsa, porque eran becarios en formación, que están desarrollando prácticas no laborales ajustados a los tiempos exactamente establecidos", relató González-Montes.

La jueza, que citó a declarar este 9 de enero al representante legal de la Fundación Arte Que Alimenta, al administrador del hotel en el que se alojaron los becarios del musical, al consejero y administrador de la escuela Jana Producciones y a una representante de la Fundación Casa de México en España, suspendía la declaración de dos de estos testigos al entender que habían participado "activamente en la falsedad referente a la simulación de una relación de formación y no una relación laboral".

   Así lo explicaba Arrién, que además detalló que los testigos no llegaron a declarar y que se les tomará nuevamente declaración, si bien como investigados. También este jueves fue el turno para la becaria a favor de Nacho Cano, Victoria Hernández, quien aseguraba que el productor musical y 'Malinche' "lo ha hecho todo legalmente", al mismo tiempo que acusó a la jueza de "difamar", aunque el abogado defensor de Lesly Ochoa aseguró que la testigo ha ratificado la versión de su representada: "Vino a España siendo menor".

   Asimismo, se ha descubierto que la escuela Jana Producciones es la empresa con la que se "intentaba simular" la relación de formación y no la relación laboral, tal y como señaló Arrién.

   Por otro lado, el juzgado desestimó las peticiones de la defensa del fundador de Mecano, para después explicar que su defensa había aportado reiteradamente "múltiples escritos" que no "contribuyen" a resolver el presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y un delito contra los derechos de los trabajadores.

 "Respecto a la petición de sobreseimiento libre [solicitada por la defensa, teniendo en cuenta que el objeto de este procedimiento es investigar si los hechos denunciados son constitutivos de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y un delito contra los derechos de los trabajadores, no se analizaran las cuestiones que reiteradamente se plantean en los múltiples escritos que está presentando la representación de los investigados desde el inicio del procedimiento, las cuales han sido resueltas por resoluciones que han sido recurridas. Tampoco se hará referencia alguna a los hechos imputados a los Funcionarios de la policía Nacional que son objeto de procedimientos seguidos en otros juzgados de instrucción de Madrid", resolvió.

La jueza también desestimó la petición del equipo de Cano de expulsar a Comisiones Obreras (CC.OO.) como acusación popular en el procedimiento, asegurando que "no han cambiado las circunstancias que se tuvieron en cuenta en el auto que acordó tenerla por personada".

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