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Ha sido el giro de guion del día. Después de cinco años defendiendo a ultranza que no defraudó a Hacienda, Shakira ha preferido dar un paso atrás, asumir su culpa y llegar a un acuerdo con la Fiscalía con el que poner fin al proceso penal.
Los motivos que hay detrás de esta decisión son varios. El principal, ahorrarse el riesgo de entrar en prisión. De ser declarada culpable en el juicio, que se extendería a lo largo de casi un mes, la cantante se enfrentaba a una pena de ocho años y dos meses de cárcel por seis delitos de fraude fiscal y el pago de una multa de 23,5 millones de euros. A raíz de este pacto firmado por su equipo legal, la pena se limitará a tres años (algo que, pagando una multa de 430.000 euros, quedaría resuelto) y al pago de otra multa extra de 7,3 millones de euros.
La otra razón con la que ha justificado su postura es la de ahorrar a su familia un sufrimiento innecesario. Concretamente a sus hijos, que tal y como ha explicado ella misma a través de un comunicado fueron los que la pidieron expresamente que pasase página. Tras "los tiempos duros" que les ha tocado vivir a raíz de su separación de Gerard Piqué, padre de ambos, su prioridad ahora mismo es "verles crecer, pasar tiempo con ellos" y que vean a una madre "feliz".
Tras su brevísima intervención de apenas 40 segundos ante el juez, ese faraónico juicio en el que estaba previsto que declarasen 117 testigos queda anulado, por lo que la de Barranquilla podrá volver en cualquier momento a Miami, donde instaló su residencia hace siete meses. De continuar el proceso, la artista habría tenido que permanecer en la ciudad condal hasta mediados de diciembre, fecha en la que estaba previsto que concluiría el proceso.
Pero el hecho de que este pacto haya terminado antes de lo previsto con el proceso penal no significa que éste sea el final de su guerra con Hacienda. Este acuerdo hace referencia a los ejercicios fiscales de 2012 a 2014, pero no al de 2011. En este año en concreto, la acusación de fraude por parte de la Agencia Tributaria la considera de tal "sinsentido" tanto "en fondo como en forma" que Shakira se ha negado a reconocer cualquier tipo de irregularidad.
Según sigue defendiendo y va a continuar demostrando a nivel judicial, a lo largo de ese año tan solo pasó en España un total de 70 días. Por entonces, su único vínculo con el país que la acusa era su incipiente romance con Gerard Piqué, al que visitó "esporádicamente" mientras continuaba manteniendo su residencia en Bahamas y todavía estaba gestionando su separación de "una larga relación de más de diez años" con Antonio de la Rúa, su pareja en el momento en que conoció al futbolista.
Con esta justificación, Shakira trata de volver a explicar que "no estaba ni cerca de ser residente en el 2011", algo que no ha sido impedimento para que Hacienda le haya obligado a "pagar por todo el capital de trabajo de mi gira" sin tener "cuenta los gastos en los que incurrí". "Se ha dado una especie de doble imposición y me han impuesto unas multas desproporcionadas sobre unas ganancias que no existieron", ha manifestado. Esto, sumado a que su defensa considera que este caso se tramitó "de manera anómala y fuera de los plazos que dicta la ley", ha hecho que la colombiana se niegue a incluir este año tributario en el pacto, ya que considera que "debería ser anulado".
Su intención de ahora en adelante es confiar "en el adecuado discernimiento de las autoridades de justicia", que espera que sepan "separar la forma en que ha finalizado esta causa penal, sin que esta condicione o afecte en lo más mínimo al caso de 2011, ya que se trata de un compartimento jurídico estanco y un proceso completamente distinto a todos los efectos”.
A este litigio se suma otro frente que se le abrió recientemente: una segunda querella por presunto fraude en Hacienda en el año 2018 en la que se le acusa de defraudar seis millones de euros por recurrir a un “entramado de empresas” para “simular” la cesión de derechos a empresas instrumentales.