Había dos opciones. Una, que Shakira defendiese su inocencia y diese así el pistoletazo de salida a un intenso mes de juicios en el que su vida personal se vería expuesta. La otra, la que finalmente se ha producido, era llegar a un pacto con la Fiscalía y confirmar así lo que lleva años negando: que defraudó 14,5 millones de euros a la Hacienda española entre 2012 y 2014.

A las 10:00 de la mañana de este lunes, la de Barranquilla accedía a la Audiencia Provincial de Barcelona con este dilema en el aire. A lo largo de este fin de semana ya se habían empezado a filtrar las conversaciones de última hora entre su equipo de abogados y la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Generalitat para llegar a un acuerdo y poner fin a un proceso penal que implicaba ocho años y dos meses de cárcel por seis delitos de fraude fiscal y el pago de una multa de 23,5 millones de euros.

Al declararse culpable, su tesitura varía considerablemente. Este giro de guion reduce su pena de prisión a tres años (algo que podrá ser sustituido por una multa de 432.000 euros que pagará y que la librará de entrar en la cárcel) y el pago de otra multa, esta de 7,3 millones de euros, que se suman al abono ya entregado de la cuota defraudada. Algo que también le permitirá priorizar tiempo en su carrera y sus hijos, que le pidieron expresamente que tomase esta decisión para poder avanzar y cerrar este duro capítulo vital.

La decisión no era fácil de tomar. Quizás por eso respondió con un enigmático “ahí vamos” a los periodistas que la esperaban a la entrada de esta Audiencia de Barcelona que se ha paralizado con su presencia. Al acceder a la sala, la sesión ha arrancado con el magistrado informando que se había alcanzado un acuerdo de conformidad y con la cantante sentándose en el banquillo para secundarlo.

Sus “síes” eran la respuesta del juez a que estaba al corriente del pacto ya firmado y a que aceptaba el contenido del mismo (reconociendo así el fraude). Una declaración casi protocolaria que ha concluido con un escueto “gracias” con el que se frena un largo proceso judicial en el que estaba previsto que participasen 117 testigos, entre los que estaban citados los integrantes de Estopa, su expeluquera, su profesora de yoga o uno de los miembros de Maná.