El certificado de antecedentes penales es un documento que puede ser más importante de lo que parece, sobre todo si estamos buscando trabajo y nuestro empleador nos lo pide durante el proceso de selección para determinar la idoneidad de nuestra candidatura.

El mejor ejemplo es el de aquellas profesiones en las que la confianza es moneda de pago necesaria (educadores, trabajadores de la salud o cuidado de menores). En la mayoría de casos, tener lo que se denomina un ‘historial limpio’ será determinante para poder obtener el puesto.

Con todo, el laboral no es el único ámbito donde se pone como condición. En procesos de adopción, este registro que da fe de nuestra limpieza, penalmente hablando, se convierte en una herramienta esencial para garantizar la seguridad del menor. También es frecuente que lo pidan para realizar ciertos trámites administrativos, como visados o permisos de residencia. Por ejemplo, es obligatorio para obtener la nacionalidad en cualquier país de la UE.

Pero ¿cómo se pide? ¿Qué documentos hacen falta para solicitarlo?

Hemos de tener claro que claro que es un documento oficial con el que acreditaremos si tenemos o no antecedentes en el Registro Central de Penados, una base de datos gestionada por el Ministerio de Justicia. En ella se recoge información detallada sobre condenas firmes dictadas por la justicia española. Conviene aclarar un punto que suele generar dudas: no todas las condenas quedan reflejadas en este certificado. Algunas pueden ser canceladas después de un periodo de tiempo determinado, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones.

Como mencionábamos antes, la importancia de este documento radica en que, a menudo, no tener antecedentes es clave para acceder a diversos puestos de trabajo, especialmente en áreas que implican responsabilidad, confianza o contacto con menores.

Cualquier persona mayor de edad tiene derecho a solicitarlo en el Ministerio de Justicia, el único organismo autorizado para emitirlo. Otra opción es que la gestión la realice un representante legal, siempre y cuando presente la documentación que acredite su capacidad de representar al interesado/a.

Existen tres maneras de pedirlo. La opción más cómoda y rápida es a través de Internet con alguno de los métodos de identificación validados por la administración (certificado digital, DNI-E, Cl@ve). Para ello, debemos acceder a la sede electrónica del Ministerio de Justicia, que cuenta con un apartado específico para la solicitud. Tras rellenar el formulario en línea, se deberá adjuntar la documentación requerida y realizar el pago correspondiente mediante tarjeta en la pasarela de la Agencia Tributaria. Recibiremos una notificación por correo electrónico con la confirmación de su solicitud.

También es posible acudir a las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia, a los Juzgados de Primera Instancia, a las oficinas de registro de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas y a las entidades locales con oficina integrada. Se presenta el formulario 790-006, junto con la documentación. La tasa se abonará en alguno de los bancos que tienen convenio con la administración de justicia.

Una opción menos común, pero válida, es la solicitud por correo postal. El proceso es el mismo: completar el formulario y enviar la documentación requerida junto con un justificante de pago a la dirección indicada en la página del Ministerio de Justicia. Es el proceso más largo de todos.

Para quienes lo soliciten por internet, el certificado suele estar disponible en un plazo de 1 a 3 días hábiles. En el caso de la solicitud presencial, puede entregarse el mismo día o tardar entre 1 y 5 días. Para las solicitudes por correo, el plazo puede extenderse de 5 a 15 días hábiles.