España es un sistema garantista en el que se contemplan distintos tipos de prestaciones para las personas que han cotizado años suficientes como para aquellas que, por circunstancias personales o laborales, no han logrado alcanzar el número mínimo de años para recibir una pensión contributiva.

Estas ayudas están diseñadas para garantizar un nivel mínimo de ingresos y proteger a las personas en situación de vulnerabilidad económica (mayores de 65 años, personas con discapacidad en grado de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, así como a los beneficiarios de pensiones no contributivas de invalidez).

El primer punto de obligado cumplimiento es la residencia legal en España: ser ciudadano/a español/a o haber residido legalmente durante al menos 10 años.

La edad también determina el derecho a obtener esta pensión: la persona solicitante debe tener 65 años o más.

Además, debe acreditar la falta de recursos económicos para la subsistencia, con rentas inferiores a los 7.250,6 euros anuales si la persona que solicita la prestación vive sola. Si vive con familiares, los ingresos de la unidad familiar no deberán superar ciertos límites. A todo ello hay que sumar otro requisito: disponer de un patrimonio que no supere los umbrales establecidos por la normativa vigente, entre bienes inmuebles, cuentas bancarias, acciones y otros activos financieros.

Con las pensiones no contributivas de invalidez, se debe demostrar una discapacidad de más del 65%, y en este caso la prestación incluiría ayuda económica, asistencia médico farmacéutica gratuita y el acompañamiento de los servicios sociales. Esta ayuda permite a los solicitantes trabajar siempre que se cobre un máximo de 13.984 euros anuales; “la suma de la cuantía de la pensión no contributiva más el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM). Si se supera dicha cantidad, la pensión se minorará para no sobrepasar el tope establecido”, explican en Campmany Abogados.

Se puede solicitar en las oficinas de Servicios Sociales de cada comunidad autónoma, del IMSERSO o de la Seguridad Social. En algunas comunidades existe también la posibilidad de realizar el trámite por internet, como es el caso de la Comunidad de Madrid.

Habrá que aportar DNI, NIE o documento de identidad válido; certificado de empadronamiento, para acreditar la residencia legal, un informe médico que acredite el grado de discapacidad y la declaración de ingresos y patrimonio.

Una vez presentada la solicitud y la documentación correspondiente, el INSS o el ISM procederá a valorar el expediente del solicitante para determinar si cumple con los requisitos establecidos para acceder a la prestación, con resultado favorable o desfavorable.