Son múltiples las situaciones en las que una mala praxis médica pueden complicar innecesariamente la vida de una persona que precisa un tratamiento médico o una operación. Diagnósticos erróneos o tardíos, altas que no respetan adecuadamente el periodo de recuperación, errores en la prescripción de medicamentos, errores durante determinados procedimientos (cirugías innecesarias, lesiones durante las mismas o ausencia de seguimiento posterior) o falta de consentimiento informado del paciente para recibir un determinado tratamiento propuesto por el especialista.

Según recoge Europa Press, solo en 2023, el Defensor del Paciente documentó hasta 602 negligencias médicas en España con resultado de muerte. Se denunciaron más de 10.500 supuestas malas praxis en el ámbito sociosanitario. Madrid fue la Comunidad Autónoma que más denuncias recibió, con más de 3.000 casos.

Es importante que comprendamos cómo puede asistirnos la ley cuando, por desgracia, sufrimos un revés de este tipo y tenemos que dar pasos legales para acreditar el daño sufrido y la mala gestión que se ha hecho de nuestro caso.

Todos los pacientes tienen derecho a recibir atención médica de calidad y segura, de acuerdo con los estándares profesionales y éticos establecidos, así como a ser informados de forma clara y completa sobre el diagnóstico, el tratamiento que van a recibir y los riesgos asociados. El consentimiento informado es otro derecho que debe ejercerse antes de cualquier procedimiento médico, y por el lado contrario, tenemos la potestad para exigir la compensación por daños y perjuicios cuando somos víctimas de una intervención incorrecta de los médicos.

En este punto es donde entra el aspecto legal y los pasos que puede dar una persona que ha sufrido mala praxis. Tanto ella como sus familiares tienen el derecho de recurrir a los tribunales y presentar una denuncia ante los colegios de abogados o las autoridades sanitarias para recibir una compensación por los daños sufridos.

El primer paso es recopilar toda la evidencia relevante relacionada con el presunto error médico. Copia de la historia clínica, notas de enfermería, informes médicos, pruebas diagnósticas, consentimientos informados, protocolos quirúrgicos que se han llevado a cabo y hojas de tratamiento, entre otros. Los expedientes más completos son los que tienen más posibilidades de prosperar.

Es muy importante iniciar los trámites cuanto antes para no rebasar el plazo para exigir una responsabilidad patrimonial a la administración pública o al centro sanitario, que varía según el tipo de lesión o mala praxis.

Reunir estas pruebas suele ser un proceso complejo y legalmente complicado, así que lo más recomendable es consultar a un abogado especializado en derecho médico que pueda asesorar al paciente sobre las opciones con las que cuenta y ayudarlo a decidir qué camino seguir. Este acompañamiento legal será clave para argumentar por qué creemos ser víctimas de mala praxis, acreditar el daño sufrido y solicitar al centro médico ciertos documentos.

Una vez nos hemos asesorado, hay que presentar una queja formal en el Servicio de Atención al Paciente del hospital donde se ha sufrido la supuesta mala praxis. Si la queja no resuelve nuestro problema, el siguiente paso puede ser presentar una denuncia ante el Colegio de Médicos. Este organismo es el que puede llevar a cabo una investigación más exhaustiva sobre el presunto error médico.

Si ninguna de las acciones anteriores conduce a una resolución satisfactoria, el paciente puede optar por iniciar acciones legales formales contra el médico o centro médico responsable de la presunta negligencia. Esto implicará presentar una demanda ante los tribunales y participar en un proceso judicial para determinar la responsabilidad y, en su caso, obtener una compensación por los daños sufridos.

De nuevo, será el abogado o el gabinete jurídico el que ayude al paciente a determinar quién es el responsable de la negligencia, la instancia judicial a la que se acudirá (Contencioso-administrativo, Civil o Penal) y, en general, los pasos necesarios para reclamar una indemnización a la aseguradora del profesional sanitario o del centro.