Meta vuelve a estar en el foco por el uso de los datos de sus usuarios. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias preprocesales para investigar si la empresa de Mark Zuckerberg vulnera el derecho de los usuarios de Facebook e Instagram a la protección de datos de carácter personal al utilizarlos para desarrollar y mejorar la inteligencia artificial.

Según informa el ministerio público, esta investigación responde a la recepción masiva por los usuarios de las plataformas Facebook e Instagram de comunicaciones enviadas por las empresas titulares de las mismas advirtiéndoles de que sus publicaciones, fotos y pies de foto, así como sus mensajes y sus consultas de sitios de internet o pedidos van a ser usados por Meta.

La Fiscalía considera que, aunque los usuarios tienen derecho a oponerse al modo y finalidad para la que las empresas anteriores usan dicha información mediante un formulario de "solicitud de objeción", este "resulta difícil de localizar y de gestionar su envío" y, una vez rellenado y enviado, "queda pendiente de aceptación".

La Fiscalía pretende promover la acción de la justicia en defensa del derecho fundamental de los ciudadanos a la protección de datos de carácter personal, así como de los derechos de los consumidores y usuarios de los servicios de la sociedad de la información. Según la misma fuente, se ha acordado la práctica de diligencias con la Agencia Española de Protección de Datos, relativas a la remisión de informe sobre actuaciones administrativas de investigación.

El fiscal jefe de la Audiencia, Jesús Alonso, ha firmado este acuerdo, que encomienda la instrucción de las diligencias al fiscal Manuel Campoy, para que ordene las diligencias que considere necesarias para "comprobar el alcance de las actuaciones realizadas por la empresa Meta con relación al uso de datos personales de los usuarios de las plataformas Facebook e Instagram".

A juicio de la Fiscalía, la ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico dispone de la posibilidad de adoptar medidas restrictivas (incluida la interrupción) a la prestación de servicios que vulneren, entre otras, la protección de las personas que tengan la condición de consumidores o usuarios. 

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