La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) sigue aumentando en Cataluña y en Castelldefels (Barcelona) entrará en vigor el próximo mes de diciembre, aunque el gobierno municipal ha decidido que habrá una moratoria de hasta cinco años para aplicar las primeras sanciones.

El Ayuntamiento de Castelldefels todavía debe aprobar una ordenanza que regule el funcionamiento de la ZBE. Esta ordenanza tendrá un período de exposición pública de treinta días en que la ciudadanía puede consultar el redactado y realizar las alegaciones que considere oportunas.

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) debe acabar de redactar el proyecto y, una vez ambos procedimientos hayan finalizado, se firmará un convenio entre las partes para ceder al AMB la gestión de la Zona de Bajas Emisiones y la atención a la ciudadanía.

El objetivo de las ZBE es garantizar el derecho al aire limpio de la ciudadanía, preservando la salud de las personas y el medio ambiente . Las normativas indican que las ciudades de más de 50.000 habitantes deben implantar medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad que es el principal emisor de contaminantes.

Los últimos estudios de contaminación en la ciudad de Castelldefels indican que la calidad del aire es buena, pero según las zonas de calidad del aire de Cataluña que recoge el Plan de Calidad del Aire (PCA) de la Generalitat, Castelldefels está dentro del Área de Barcelona, que en conjunto supera los umbrales de contaminación de partículas PM10 y dióxido de nitrógeno NO2.

La Zona de Bajas Emisiones sólo afectan a los vehículos sin etiqueta ambiental en días laborables de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas. Los fines de semana y festivos no existe ninguna limitación. Los vehículos sin etiqueta tendrán un máximo de 24 autorizaciones al año para acceder a las ZBE cuando estén activas, además, las personas discapacitadas con movilidad reducida, rentas bajas, personas que deben realizar tratamientos médicos o autónomos en edad próxima a la jubilación quedarán exentos.

No obstante, una vez se ponga en marcha a finales de 2025, se aplicará una moratoria al régimen sancionador hasta 2030 para que las personas que no tengan alternativa a los desplazamientos en vehículos privados y no puedan adherirse a las excepciones y autorizaciones que incorporará la normativa de la ZBE puedan realizar una transición justa y adaptada al cambio de vehículo.

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