El Ayuntamiento de Barcelona ha mostrado su rechazo a la propuesta de la vicepresidenta de la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE), Elena Massot, de construir dos entradas distintas, una para los pisos de mercado libre y otra para los de vivienda protegida, en aquellos edificios de nueva construcción para los que haya que destinar un 30% de los pisos a vivienda social.

"El gobierno municipal no es partidario de promover una política que favorezca la segregación en una escalera de vecinos", ha explicado el consistorio en un escrito, en el que considera que la mezcla del vecindario, independientemente de la renta, se hace a nivel de barrio: "En esto Barcelona es referente, al vivir mezclados en los barrios. Hay que preservarlo a la vez que promover el 30% de vivienda protegida".

Precisamente, la primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha asegurado este lunes que el gobierno irá hasta las últimas consecuencias para que los promotores cumplan la medida de la reserva del 30% en la capital catalana: "Todos los expedientes abiertos siguen vivos y con posibilidades de acabar en sanción".

Lo ha dicho después de que el 'Ara' haya publicado este mismo lunes que el Ayuntamiento habría renunciado a cobrar las multas por los expedientes abiertos por incumplir la reserva del 30%. Bonet ha cifrado en nueve los casos detectados por los servicios de inspección que están en fase de restitución, salvo uno --ubicado en la calle Castillejos 242--, del cual el Ayuntamiento ha obtenido una sentencia favorable y sobre el que los equipos ya están preparando un procedimiento sancionador para hacer cumplir de forma "estricta" esta normativa.

El ejecutivo ha optado primero por la restitución de la legalidad urbanística --es decir, que constructores pidan el permiso de obras correspondiente--, y en caso contrario sancionar posteriormente. Bonet ha expresado que, cuando el ejecutivo tenga la certeza jurídica de que realmente se ha producido un incumplimiento --una decisión que se obtiene en el final de procedimiento de restitución--, se actuará para aplicar la sanción correspondiente, y ha destacado que el consistorio trabaja de forma "preventiva" para verificar si determinadas obras de rehabilitación escapan o no del 30%.

La responsable de Urbanismo ha explicado que en la macroinspección que se realizó en 2022 --entonces bajo el liderazgo en el Ayuntamiento de BComú-- se detectaron 9 casos, y ha manifestado que los Comuns decidieron en 5 de ellos proceder con la sanción sin tener en cuenta antes el proceso de restitución, una acción que Bonet cree que no daba suficiente "seguridad jurídica".

El Ayuntamiento encargó un informe a los servicios jurídicos para analizar la situación de estos cinco informes, que se acabaron archivando porque tardó más de un año en estar listo, y el proceso ya había caducado. No obstante, Bonet ha asegurado que estos casos, en los que los Comuns actuaron de forma paralela en el proceso de restitución y el sancionador, el ejecutivo actuará en base a la resolución correspondiente cuando sea el momento y afirma que no se ha dejado nada atrás: "Todo está en el momento en el que tiene que estar".

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.