El grupo político Junts quiere plasmar en una ley la exigencia al Gobierno de una transferencia de 35.000 millones de euros a la Generalitat de Cataluña como "compensación" por los déficit de inversión y el mantenimiento de los servicios ferroviarios de cercanías entre 2009 y 2023. A través de una enmienda al proyecto de ley de movilidad sostenible, los de Carles Puigdemont explican que esa cantidad, calculada por la patronal Foment del Treball, busca asegurar "una transición justa y equilibrada, facilitando la mejora de la infraestructura y la calidad del servicio en los próximos años".

No obstante, esos 35.000 millones de euros no son la única transferencia que pide Junts. También quieren que la Generalitat tenga la gestión y "plena competencia" de todas las líneas de Cercanías que, actualmente, están gestionadas por el Estado en el territorio catalán, así como los trenes de media y larga distancia que operen en la comunidad autónoma, incluidas todas las infraestructuras ferroviarias, estaciones, instalaciones de mantenimiento, y el parque móvil afecto a estas líneas.

Una vez transferidos el dinero que dicen que está pendiente y las competencias, los catalanes exigen, en su propuesta, que el Estado se compromete a realizar una transferencia de fondos "permanente" y actualizada con el IPC a la Generalitat, para mantener infraestructuras, estaciones y parque móvil de las líneas de Cercanías. Esta transferencia tendrá carácter permanente y se actualizará anualmente conforme al IPC.

La formación justifica su propuesta en la intención de "corregir los déficits de inversión y gestión en el servicio de Cercanías en Cataluña" y así garantizar que sea la Generalitat, como administración más cercana, quien tenga las competencias exclusivas sobre este servicio "fundamental" para la movilidad urbana y regional.

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