La ordenanza de Barcelona que obligará a reutilizar el agua de la ducha para el váter ahorrará hasta 185 euros anuales por hogar

El Ayuntamiento de Barcelona ha comenzado a tramitar la nueva ordenanza de aguas grises, que obligará a reutilizar el agua de la ducha para el váter en edificios nuevos para ahorrar hasta 136.000 metros cúbicos anuales de agua potable en el conjunto de la capital catalana.

Este sistema de reaprovechamiento en edificios de nueva construcción y grandes rehabilitaciones reducirá el consumo de agua potable un 33% en usos residenciales, llegando a un ahorro de hasta 185 euros anuales por hogar.

La nueva normativa obliga a incorporar este sistema en edificios con un consumo igual o superior a 730 metros cúbicos anuales de agua en duchas y bañeras. También deberá aplicarse en edificios de uso residencial de 16 o más viviendas de nueva construcción o en el caso de gran rehabilitación, siempre que haya una sustitución del edificio, a pesar de que se pueda mantener la fachada o algún elemento estructural.

155 propuestas de la ciudadanía

Las aguas grises son las que se generan al ducharse o bañarse y que, con un sistema de recogida y tratamiento, se pueden recuperar para otros usos como llenar la cisterna del inodoro.

"Barcelona, por tanto, avanza al convertirse en una ciudad resiliente ante los efectos negativos del cambio climático, como pueden ser situaciones de sequía como la que se vive actualmente y una disminución de la pluviometría media", explica el consistorio, sobre una ordenanza que complementa otras medidas como la limpieza de calles o ampliación de la red de agua freática.

El texto inicial ya incorpora las aportaciones que se han realizado a través de un proceso participativo entre los meses de marzo y mayo, en el que participaron 570 personas que realizaron 155 propuestas, de las cuales el 85% se han incorporado a la normativa.

Pendiente de aprobación

En el proceso ha participado agentes técnicos, representantes de universidades y centros de investigación, profesionales del sector, usuarios y usuarios y otros colectivos interesados.

Todo ello ha permitido constituir una comisión de seguimiento, formada por técnicos municipales y otros expertos, para maximizar los esfuerzos de este proceso participativo y conseguir la mayor representatividad y mejorar el texto de la propuesta inicial. En el marco de este proceso también se realizó una encuesta que recibió 476 respuestas.

Ahora se abrirá un plazo de alegaciones, que se debatirá en la Comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda y posteriormente deberá aprobarse de forma definitiva en el pleno.

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