La Diada de la división independentista fracasa en las calles: la menor afluencia en diez años

Las manifestaciones independentistas de la Diada han registrado este año su peor resultado desde el año 2014, cuando se alcanzó el techo de asistencia con 1,8 millones de personas en las calles. Solo 60.000 personas han participado en la marcha independentista de Barcelona, según la Guardia Urbana. Informa Carol Gramunt.

Se trata de la primera Diada en 12 años sin un Govern independentista, y con la atención puesta en el nuevo presidente de la Generalitat, Salvador Illa. ANC, Òmnium Cultural, Associació de Municipis per la Independència (AMI), Consell de la República (CdRep), Intersindical, Ciemen y CDR han convocado cinco manifestaciones independentistas en Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida y Tortosa.

La de Barcelona ha sido la concentración más importante, que ha recorrido el trayecto entre la Estación de Francia y el Arco del Triunfo. La Guardia Urbana de Barcelona ha contado a 60.000 personas, 55.000 menos que en 2023, y la cifra más baja de la serie histórica, al mismo nivel de la concentración de 2020, en plena pandemia.

ANC, Òmnium Cultural, Associació de Municipis per la Independència (AMI), Consell de la República (CdRep), Intersindical, Ciemen y CDR han exigido unidad a los partidos independentistas en un manifiesto conjunto leído en las cinco movilizaciones: "Aquí no se rinde nadie", han dicho. 

En Barcelona, han leído el manifiesto el presidente de la ANC, Lluís Llach; el de Òmnium, Xavier Antich; el de la AMI, Jordi Gaseni; el del Ciemen, David Minoves; el secretario general de la Intersindical, Sergi Perelló; Teresa Vallverdú (CdRep) y Sònia Pascual (CDR Cataluña), en el escenario situado en el paseo Lluís Companys tras la manifestación de la Diada en la capital catalana.

En el texto, las entidades aseguran que "la pelea permanente y las disputas electoralistas" han provocado que el socialista Salvador Illa presida la Generalitat.

También han criticado que los partidos independentistas "han sido incapaces de ponerse de acuerdo y de trazar una estrategia compartida para hacer efectivo el derecho a la autodeterminación" pese a las numerosas movilizaciones convocadas por las entidades soberanistas.

"Les hemos facilitado mayorías parlamentarias, que unos y otros han malgastado en discusiones cainitas", y han añadido textualmente que el Govern de Salvador Illa niega categóricamente el derecho a la autodeterminación y quiere acabar en los despachos el conflicto entre Cataluña y el Estado.

Han asegurado que el Govern presume de haber pacificado Cataluña y de normalidad autonómica mientras el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no puede participar en los debates del Parlament y "el Estado judicial se niega a aplicar la Amnistía a centenares de independentistas".

Además, han lamentado que la Generalitat esté en manos de "un gobierno españolista que hace pocos días se arrodillaba ante Felipe VI, el rey del 3 de octubre", en referencia al discurso de Felipe VI tras el 1-O.

"Salimos a las calles porque ni estamos pacificados ni nos han pacificado" --momento en el que los asistentes han gritado 'Puta España'-- y han instado a los independentistas a dejar de lamerse las heridas y organizarse.

Han puesto como ejemplo la unión de las entidades para organizar esta manifestación y el manifiesto conjunto: "Demostremos que el independentismo es fuerte, transversal, inteligente, que aquí no se rinde nadie".

Para ellos, la independencia es la único camino de los catalanes para decidir qué tierra quieren: "Para superar los desafíos de las sociedades modernas, nos hacen falta herramientas de un Estado propio, como la financiación".

De hecho, las manifestaciones descentralizadas de esta Diada se han convocado en 5 ciudades --Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y Tortosa (Tarragona)-- con el objetivo de representar, en cada una, una de las "consecuencias del expolio fiscal", que cifran en 22.000 millones de euros anuales.

También han reivindicado la independencia para defender y promover el catalán; para garantizar el acceso a la vivienda a precios asequibles; para que los municipios tengan los recursos suficientes para desarrollar sus competencias, y para que "garantizar un futuro a la agricultura" catalana.

"Estar sometidos al Estado español es una amenaza estructural para la supervivencia de la lengua y la cultura catalanas y para garantizar un futuro digno", han asegurado.

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