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Dos internos del centro de justicia juvenil L'Alzina, en Palau-solità i Plegamans (Barcelona), agredieron a un educador social el 25 de junio, según ha informado el sindicato IAC-CATAC.
Los dos jóvenes, que habían sido sancionados en el pasado por el mismo trabajador, le arrojaron dos vasos llenos de orina a la cara mientras proferían insultos contra él y su familia. Según han confirmado fuentes del Departamento de Interior, en el momento de la agresión el educador estaba acompañado de un vigilante de seguridad, como establece el protocolo.
A raíz de estos hechos, el educador tuvo que recibir atención médica urgente "por una grave conjuntivitis y ante la posibilidad de que pudiese haber contraído una infección de transmisión sexual", que requiere de un tratamiento intensivo con retrovirales.
Por su parte, el centro se puso a disposición del trabajador, que estuvo varios días de baja y se reincorporó a otro puesto de trabajo tras haber superado un proceso selectivo, y le ofreció apoyo tanto psicológico como jurídico.
En lo que respecta a los internos, además de abrirles un expediente disciplinario, desde el centro se ha tramitado una denuncia penal ante un juzgado de instrucción, dado que uno de ellos es mayor de edad, y otra ante la fiscalía de menores, en el caso del segundo implicado, según han confirmado fuentes de Justicia.
Aun así, desde el sindicato exigen al Departamento de Justicia que analice "por qué hace 10 años Cataluña era un referente europeo de buen funcionamiento de este servicio público, con una plantilla estable y con mucha experiencia en la reinserción de menores".
IAC-CATAC sostiene que en los últimos años se ha producido una "huida masiva" de los equipos educativos, que han optado por sectores menos precarizados y que han sido sustituidos por personal interino sin una formación adecuada ni el apoyo necesario para afrontar los desafíos inherentes a su tarea, en sus palabras.
"Somos un colectivo invisible y abandonado, sin el reconocimiento ni el apoyo que merecemos", lamentan en el comunicado, en el que añaden, textualmente, que no continuarán tolerando esta situación con resignación y que exigen soluciones inmediatas que permitan a los trabajadores de los centros de justicia juvenil desarrollar su trabajo con seguridad y dignidad.
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