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Cualquier persona que quiera obtener un permiso de residencia en Andorra deberá acreditar un nivel mínimo de catalán a partir de 2029. Así lo han consensuado la mayoría de grupos parlamentarios durante el trabajo en comisión que se ha llevado a cabo para cerrar el texto del proyecto de Ley de la lengua propia y oficial.
A través de las enmiendas y también vía transacciones, que han sido alrededor de unas cincuenta, se han tejido consensos para integrar "el máximo de aportaciones" de todas las fuerzas parlamentarias.
El objetivo ha sido mantener el espíritu inicial de la ley, que es "preservar la lengua propia de Andorra" y garantizar el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en catalán.
Concretamente, se ha acordado la obligación de cursar una formación de catalán de 30 horas para obtener la renovación del permiso de residencia y trabajo, a excepción que se pueda demostrar "un nivel adecuado de la lengua".
A partir de aquí y en el caso de la primera renovación, se deberá acreditar el nivel A1 de catalán, mientras que para la segunda renovación el requisito será el nivel A2, una medida que entrará en vigor a partir del 26 de abril de 2026, "siempre que se apruebe la ley".
En este sentido, los grupos también ha acordado "hacer extensivos estos niveles de catalán" para el resto de permisos de inmigración en un plazo de cinco años, hecho que también afectará a los residentes pasivos o a los youtubers.
De la misma forma, se han previsto mecanismos de refuerzo en todos los ámbitos de aplicación para "reafirmar el espíritu" de la ley, se ha concretado la composición de algunos órganos que contempla el texto, como la Junta de Coordinación de la Lengua o el Consejo Nacional y se ha definido un régimen sancionador más preciso.
Los grupos parlamentarios que han cerrado el texto destacan que el proyecto de ley cumple "su misión integradora", asocia el progresivo aprendizaje de la lengua por parte de los recién llegados y la acreditación de ésta en los permisos de inmigración.
Finalmente, se han felicitado por el clima conseguido durante el trabajo en comisión que afirman que ha permitido convertir las respectivas enmiendas en "mejoras objetivas" en favor del patrimonio lingüístico de Andorra.
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