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El Departament de Justicia de la Generalitat de Cataluña ha relevado "a petición propia" al director de la cárcel de Mas d'Enric (Tarragona) tras la muerte de Núria, la cocinera asesinada a manos de un preso el pasado 13 de marzo.
El relevo de Paco Romero, hasta ahora el máximo responsable del centro penitenciario catalán, llega tras la petición del director que puso a disposición su cargo dos semanas después del asesinato de la cocinera en Mas d'Enric.
La Conselleria afirma que decisión ha sido "meditada" y consensuada con la dirección de la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, que ostenta Amand Calderó: "Ahora hace falta encarar una nueva etapa en el centro, después de la crisis vivida en los últimos días".
Paco Romero ha estado al frente de Mas d'Enric desde abril de 2005. "Ha hecho una gestión excelente del centro y ha ejercido sus responsabilidades con gran profesionalidad y vocación del servicio público", han explicado en un comunicado.
Los funcionarios de prisiones salieron a la calle tras la muerte de Núria en unas protestas que continúan este miércoles en el acceso a la cárcel de Quatre Camins de La Roca del Vallès (Barcelona), donde unas 30 personas se han concentrado por la mañana.
Los manifestantes han cortado el acceso a la prisión a las 7:00 horas, en el que han quemado algunos neumáticos, pero sobre las 7.45 han levantado el corte.
Los funcionarios rechazaron el jueves pasado negociar con la Generalitat a menos que haya dimisiones y advirtieron de que continuarán con las protestas iniciadas hace dos semanas a raíz del asesinato de la jefa de cocina de la cárcel Mas d'Enric.
Los funcionarios están en pie de guerra contra los responsables de la cúpula de Justicia de la Generalitat. Piden dimisiones, en concreto la de la consejera de Justicia, Gemma Ubasart y la de Amand Calderò, responsable de las prisiones en esta comunidad autónoma
El asesinato de Nuria López es el origen de esta protesta, pero los trabajadores de las cárceles catalanas también piden aumentar los recursos humanos y materiales y acabar con la actual política penitenciaria, que consideran laxa y, aseguran, pone en riesgo su integridad física.
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