Tras cuatro años de investigaciones, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra han logrado desmantelar en Cataluña una red que explotaba tanto sexualmente como laboralmente a varias mujeres latinoamericanas. Así lo han comunicado este domingo.

Hace dos días, informábamos igualmente de otro grupo dedicado a la explotación sexual en Granada. En el que hemos conocido hoy, los agentes detuvieron el 14 de febrero a ocho personas, de entre 20 y 48 años, en las tres provincias catalanas.

Se les atribuyen delitos de prostitución coactiva, contra los derechos de los trabajadores extranjeros y tráfico de seres humanos. Además de pertenencia a organización criminal. Los líderes eran un hombre y una mujer.

En el operativo policial conjunto entre ambos cuerpos, se registraron siete inmuebles en las localidades de Barcelona, Castell-Platja d'Aro (Girona), Calafell, Salou y Cambrils (Tarragona). Al mismo tiempo se clausuraron seis prostíbulos.

De las actuaciones, se intervinieron hasta 17.770 euros en billetes de 50 y 100 euros, así como documentación diversa, cocaína, 100 pastillas de sildenafilo, joyas valoradas en 30.000 euros y dos vehículos.

Igualmente, liberaron a 14 personas, ocho de ellas obligadas a prostituirse y cuatro que sufrían explotación laboral. Las dos restantes eran víctimas del tráfico de seres humanos, por lo que fueron acogidas por entidades para prestarles ayuda integral.

La investigación del caso comenzó a finales del 2020 tras identificarse a tres ocupantes de un coche que viajaba por Girona, en un control en La Jonquera. Dos de ellos confesaron a los agentes que trabajaban en un centro de atención telefónica clandestino.

Estaba dirigido por el conductor de ese automóvil, que regentaba prostíbulos por toda Catalunya. Descubrieron que estos hechos coincidían con los que estaban investigando desde la Policía Nacional. Ahí empezó la colaboración.

Ya en agosto del 2022, se llevó a cabo una inspección a una casa en Salou, donde confirmaron que se ofrecían servicios sexuales. Las mujeres que los prestaban vivían en pésimas condiciones: hacinadas en un sótano.

Allí había colchones donde dormían, pero no tenían ni calefacción en invierno ni ventilación en verano, ni luz natural. El 11 de mayo de 2023 una nueva inspección en un inmueble en Barcelona detectó a siete mujeres en similar situación.

Tres denuncias anónimas alertaron a los agentes de una pareja que podía explotar a personas tanto en un call-center como en prostíbulos. Así, pudieron averiguar que cuatro víctimas trabajaban de operadoras entre 12-15 horas al día.

Con sólo una hora libre por jornada, debían estar disponibles los siete días de la semana. A cambio, percibían 1.000 euros, pero en las viviendas no tenían ni suministro de agua caliente ni de gas. Además, recibían amenazas y vejaciones constantes.

Desde ese centro de llamadas se gestionaba la contratación de los servicios de prostitución. Las mujeres también se ocupaban de páginas de redes sociales donde se ofrecía trabajo a extranjeras que residían en España de forma irregular.

De esa manera captaban a personas vulnerables o necesitadas. Los líderes del grupo desmantelado alquilaban las viviendas, a su nombre o al de terceros. Por otro lado, abastecían de drogas como cocaína o 2CB a los clientes de las chicas.

Estaban obligadas a vendérselas e incluso les ofrecían medicamentos para potenciar el deseo sexual o la disfunción eréctil. Otros miembros de la organización se encargaban de tareas como control y traslado de víctimas.

Tras pasar todos a disposición judicial, se decretó el ingreso en la cárcel de los arrestados.

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